Otra vez saltan a la prensa y la televisión escándalos de maltrato y explotación sexual de menores bajo la tutela del Estado. Y como también es habitual, tras abordar de la forma más sensacionalista y cínica esta realidad los hechos se intentan enterrar en el olvido. Pero no, no vamos a olvidar. Tanto lo ocurrido con este último caso como en los anteriores, desnudan un sistema podrido y una moral política nauseabunda. Todos miran para otro lado. Todos son unos canallas.
El pasado mes de octubre, el Juzgado de Instrucción Instrucción nº14 de Sevilla citó a declarar como investigada por un supuesto delito de resistencia a la autoridad a nuestra compañera Ainoa Murcia, secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla y portavoz de Libres y Combativas en Andalucía. El supuesto delito por el que iba a ser investigada era nada más y nada menos que haber participado en una acción vecinal de solidaridad contra el desahucio de una pareja joven y su bebé, en el barrio obrero de Torreblanca (Sevilla), a los que Caixabank y la justicia echaban a la calle sin alternativa habitacional.
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