Desde Libres y Combativas denunciamos con rabia, indignación y profundo dolor un nuevo caso de violación múltiple perpetrado contra una niña tutelada de 12 años en Barcelona.
La víctima, una menor bajo tutela de las instituciones catalanas, fue objeto de violaciones sistemáticas por parte de una red de pederastia. ¿Cómo es posible que pase esto? Según su testimonio, al menos cincuenta agresores aprovecharon su vulnerabilidad en un centro de menores, donde supuestamente debía estar protegida. El jefe de esta red, ya detenido anteriormente por proxenetismo, actuó con total impunidad gracias a la negligencia institucional y a un sistema que le protege y exculpa.
Esta atrocidad no es un caso aislado ni una excepción, es el reflejo más brutal de un sistema patriarcal y criminal que permite, encubre y normaliza la violencia sexual, especialmente contra las más vulnerables.
La Generalitat de Catalunya anuncia ahora que se personará como acusación en la causa. Pero esta maniobra no puede borrar años de desinversión, recortes, sobreexplotación a los trabajadores y trabajadoras sociales y a las educadoras y educadores, años de privatización negligencia y corrupción. Mientras el número de niños y niñas tutelados y extutelados en Catalunya aumentó un 71% en la última década (de 8.563 a 14.668) el personal laboral del organismo encargado de los mismos, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), apenas creció, obligando a que los profesionales pasasen de atender a 37 menores de media a casi 50 y con la misma jornada laboral.[1]
Las maniobras y discursos vacíos tampoco pueden esconder la responsabilidad política directa de quienes han alimentado un sistema podrido que se lucra con el sufrimiento de la infancia más empobrecida y abandonada. Una vez más, la violencia estructural contra las mujeres, jóvenes y niñas de clase trabajadora toma forma en una red de pederastia que actuaba con total impunidad dentro y alrededor de centros de menores supuestamente destinados a su protección.
Explotación institucionalizada en los centros de menores
Debido a la escasa inversión, a la privatización y la explotación de trabajadores y educadores sociales los centros de menores, en muchas ocasiones, se convierten en escenarios de desprotección extrema, en lugar de espacios seguros se transforman en auténticas zonas de riesgo, en donde el abandono institucional se mezcla con intereses económicos, negligencias encadenadas y complicidades criminales que agudizan la vulnerabilidad de quienes ya han sido explotados y expulsados de un sistema que jamás quiso mejorar sus condiciones de vida.
Esta explotación no es un fallo del sistema, es parte estructural de su funcionamiento. Un sistema que mercantiliza a las menores tuteladas, a la infancia empobrecida, externaliza su gestión a empresas privadas y fundaciones “caritativas” y deja a las más vulnerables en manos de redes de abuso con la complicidad de quienes deberían protegerlas.
Este caso de Barcelona no es una excepción, sino la norma. En Mallorca, como denunciamos desde Libres y Combativas,[2] 23 niñas bajo protección institucional fueron explotadas sexualmente en una red que operaba con total impunidad. Vendidas por 50€ en pisos y hoteles de lujo, sus agresores incluían desde empresarios hasta miembros de las fuerzas de seguridad. Lo más escandaloso: cuando algunas madres intentaron denunciar, la policía las amenazó y la fiscalía archivó sistemáticamente las denuncias. Esto no es un fallo del sistema, es el sistema convirtiendo a las hijas de la clase trabajadora en mercancía sexual para el disfrute de los poderosos.
Total impunidad: los cómplices de siempre
Señalamos a los verdaderos responsables: no solo los agresores materiales, sino también quienes gestionan los centros, la administración pública que los financia y las organizaciones privadas que se lucran a costa de la infancia.
Como en otras ocasiones, el sistema judicial no solo no castiga al agresor, sino que duda del testimonio de la víctima. No podemos confiar en la judicatura del estado patriarcal, como nos lo demostró el caso de Dominique Pelicot que fue condenado a 20 años de prisión, mientras que los demás violadores de la víctima fueron declarados “solo cómplices”. ¡Qué vergüenza!
No es incompetencia, es la impunidad de la clase dominante. Mientras la infancia de la clase trabajadora es revictimizada y silenciada, los jueces protegen a los verdaderos responsables: los empresarios que gestionan los centros como negocios, los políticos que recortan recursos y todo un entramado institucional que blinda a los agresores.
Y aquí vemos la crueldad de este sistema en todo su esplendor: la violencia sexual se entrelaza con el negocio de la pobreza, la privatización de los servicios sociales y la deshumanización de las niñas y niños bajo tutela. No se trata de errores aislados. Se trata de un sistema coherente con sus intereses, que criminaliza a las víctimas, protege a los agresores y busca invisibilizar la violencia que atraviesa sus estructuras.
Maniobras, excusas y falsas promesas para que todo siga igual
El Govern, a través de su consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, presentó un plan de refundación de la DGAIA el pasado 16 de mayo. El nuevo organismo se llamará Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA). Sin embargo, teniendo en cuenta que este proyecto no cuenta con un presupuesto propio (a pesar de que han anunciado a bombo y platillo la contratación de unos 300 profesionales hasta 2027), será un nuevo brindis al sol y no podrá contrarrestar la profunda privatización y precariedad en la que se encuentra el sistema. De los 170 centros de acogida, solo 14 son de gestión pública,[3] convirtiendo a Catalunya en una de las Comunidades Autónomas con más externalización en el sistema de protección a la infancia.
Las instituciones repiten su guion: mentiras, promesas vacías y ninguna reforma real. El conseller de Justicia intenta lavarse las manos con nuevas medidas, pero su historial de privatización y recortes lo delata. Su gestión no ha hecho más que profundizar el modelo de externalización, corrupción e impunidad en la protección de menores.
Basta ya de maquillar el horror de las víctimas con campañas simbólicas. Debemos romper con los intereses económicos, religiosos y políticos que sostienen este sistema de barbarie y violencia. El feminismo institucional, de moqueta, de mucha palabrería y poca acción, ha renunciado a ser una herramienta de transformación social para convertirse en un palmero del orden patriarcal.
Por un feminismo de clase, revolucionario y anticapitalista
Nosotras decimos basta. Frente a este sistema capitalista, patriarcal y criminal, levantamos la bandera de un feminismo combativo, de clase, anticapitalista y revolucionario. Un feminismo que no se conforma con reformas cosméticas ni con justicia selectiva. Un feminismo que entiende que la violencia machista no es una anomalía del sistema, sino uno de sus pilares fundamentales. Reivindicamos:
• Atención psicológica gratuita, especializada y continuada para todas las víctimas de violencia sexual, financiada por el Estado, sin condiciones ni burocracia.
• Alojamiento en viviendas seguras, alejadas del entorno de los agresores, con acompañamiento profesional y apoyo integral.
• Acompañamiento legal garantizado, con equipos que no revictimicen a las menores ni cuestionen sus testimonios.
• Apertura inmediata de expedientes sancionadores y destitución de todas las personas implicadas en la tutela, dirección y seguimiento de la víctima.
• Una asignatura de educación sexual inclusiva y obligatoria en las aulas.
Pero estas medidas, por sí solas, no bastan. Porque ninguna reforma institucional se sostendrá si no va acompañada de una movilización masiva que ponga en jaque a todo el sistema que sustenta esta violencia.
Desde Libres y Combativas hacemos un llamamiento a construir un movimiento que confronte este sistema desde sus raíces. Un movimiento que transforme la rabia en organización, que ponga en cuestión la propiedad privada, el Estado patriarcal, la justicia clasista y al sistema capitalista en su conjunto.
No podemos confiar en la justicia patriarcal ni en el sistema capitalista. Nos lo han demostrado una y otra vez: Juana Rivas, Dominique Pelicot, el caso de La Manada, Rubiales, Dani Alves, el caso Errejón, el juez Carretero y un largo etcétera de agresiones machistas donde las víctimas hemos sido insultadas y los agresores puestos en libertad o condenados a penas ridículas. Este sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado: para proteger a los poderosos, para explotar a la clase trabajadora, para oprimir a los más vulnerables, para mercantilizar la infancia y las mujeres más pobres.
¡Basta de violencia machista e impunidad! ¡Basta de hipocresía institucional!
Notas:
[1]Un 71% más de niños tutelados en una década: radiografía del sistema catalán de protección en el punto de mira
[2] Pobres, vendidas y esclavizadas sexualmente. La red de prostitución de menores os escupe a la cara
[3] Los retos de la transformación de la DGAIA: externalización, malas condiciones laborales y falta de coordinación
