Cada septiembre, decenas de miles de estudiantes en el Estado español viven la misma pesadilla: buscar alojamiento en un mercado absolutamente controlado por bancos, fondos buitre, caseros rentistas y las residencias privadas que especulan con la necesidad de vivienda.
El artículo de El País lo deja claro: los precios de una habitación en piso compartido superan ya los 500 €, y en residencias privadas —controladas por operadores como Resa, Micampus, Livensa Living o Yugo— pueden alcanzar más de 1.500 €. Mientras tanto, las familias de más de 200.000 estudiantes desplazados cargan con un coste insoportable.
La oferta de residencias crece, pero lo hace a golpe de negocio. Los fondos internacionales anuncian miles de nuevas plazas, digitalizan las reservas y venden visitas virtuales como si fueran parques temáticos. El resultado es un sector con más del 90 % de ocupación, completamente privatizado y fuera del alcance de la mayoría. Un modelo que convierte el derecho a estudiar en un lujo, y el alojamiento en una mercancía.
Frente a esto, desde el Sindicato de Estudiantes creemos que no podemos esperar a que el mercado “se autorregule” ni mendigar ayudas testimoniales. La única salida real pasa por una expropiación sin indemnización de las viviendas y residencias en manos de bancos, fondos buitre y especuladores, junto con las de la Sareb, para conformar un parque público de dos millones de viviendas y residencias universitarias, con alquileres gratuitos para todos los estudiantes que se desplazan para poder estudiar. Su gestión debe estar en manos de sindicatos, asambleas estudiantiles y colectivos de vivienda, no de consejos de administración que solo buscan beneficio.
Al mismo tiempo, es urgente topar los alquileres con una rebaja inmediata del 50 %, establecer contratos indefinidos para proteger a los inquilinos y prohibir el alquiler turístico en ciudades donde los estudiantes y trabajadores no tienen dónde vivir. Y junto a ello, una red pública de empresas de construcción bajo control obrero que garantice nuevas residencias y viviendas asequibles, sacando de una vez el derecho a techo del mercado.
No necesitamos más residencias privadas que engorden los beneficios de fondos internacionales. Como han demostrado las grandes movilizaciones por la vivienda del último año lo que necesitamos es una huelga de alquileres que desemboque en una gran huelga general, que paralice la producción y ponga en jaque a los parásitos rentistas y fondos buitre. Esta es la única vía para poner fin a la especulación y al sistema capitalista que la respalda.
