El sábado 26 de febrero celebraremos el IV Encuentro estatal de Libres y Combativas. En esta reunión, que organizaremos tanto de forma presencial en Madrid como online para facilitar la participación de todas las compañeras, debatiremos ampliamente sobre el movimiento feminista a nivel internacional, el peligro de la extrema derecha y cómo combatirla o la esclavitud que supone la prostitución y los vientres de alquiler para la mayoría de las mujeres.
En los últimos años, millones de mujeres nos hemos rebelado en todo el mundo. Quienes desde niñas hemos sufrido el abuso, la violencia y la explotación, protagonizamos un momento histórico en la lucha por nuestra emancipación. Bajo el grito de Ni una menos, en América Latina se ha sucedido una lucha imparable contra los feminicidios, por la legalización del aborto o contra gobiernos reaccionarios; la movilización contra Trump en Estados Unidos; los paros contra los ataques a los derechos reproductivos en Polonia; en Gran Bretaña, Australia o la India contra la violencia policial machista, el acoso sexual y la explotación laboral; en el Estado español movilizaciones históricas y huelgas generales feministas que han abarrotado las calles. Es un verdadero tsunami.
Otra vez saltan a la prensa y la televisión escándalos de maltrato y explotación sexual de menores bajo la tutela del Estado. Y como también es habitual, tras abordar de la forma más sensacionalista y cínica esta realidad los hechos se intentan enterrar en el olvido. Pero no, no vamos a olvidar. Tanto lo ocurrido con este último caso como en los anteriores, desnudan un sistema podrido y una moral política nauseabunda. Todos miran para otro lado. Todos son unos canallas.
El pasado mes de octubre, el Juzgado de Instrucción Instrucción nº14 de Sevilla citó a declarar como investigada por un supuesto delito de resistencia a la autoridad a nuestra compañera Ainoa Murcia, secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla y portavoz de Libres y Combativas en Andalucía. El supuesto delito por el que iba a ser investigada era nada más y nada menos que haber participado en una acción vecinal de solidaridad contra el desahucio de una pareja joven y su bebé, en el barrio obrero de Torreblanca (Sevilla), a los que Caixabank y la justicia echaban a la calle sin alternativa habitacional.
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