El 27 de octubre el Defensor del Pueblo presentó un demoledor informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Su contenido confirma que esta institución ha funcionado, y lo sigue haciendo, como un entramado organizado que perpetró, permitió, protegió y ocultó durante décadas estos abusos. Los datos aportados son espeluznantes: las víctimas alcanzarían las 440.000 personas, situando al Estado español en el nivel más alto del mundo entre los países católicos.

Las mentiras y el boicot de la Iglesia

En el documento se explica que “la respuesta de la Iglesia católica ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación del problema” y resalta que “se han detectado en algunos episcopados ciertas actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”.

Durante muchos años la cúpula eclesial ha negado oficialmente los hechos y cuando ya fue insostenible, porque las evidencias eran abrumadoras, pasaron a intentar minimizar el número de casos. Pero esta grosera manipulación de la realidad no sirve para ocultar la magnitud de la podredumbre que rige la vida interna de las instituciones eclesiásticas.

A los pocos días de hacerse público el informe, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, y César García-Magán, su secretario general y portavoz, insistieron en rueda de prensa en que los datos del informe eran falsos y que se tiene que investigar la pederastia en general, no sólo en el ámbito religioso. Hay que tener poca vergüenza.

En ese sentido, el texto del Defensor del Pueblo afirma que el “argumento defensivo de que la investigación debería extenderse a los abusos sexuales en otros ámbitos olvida o minimiza la relevancia social de la Iglesia y su poder en España, durante gran parte del siglo XX”.

Efectivamente, la Iglesia Católica fue uno de los pilares ideológicos del régimen franquista, dotada de un enorme poder y una impunidad total, “cualidades” que no perdió tras la muerte del dictador y de las que sigue gozando a día de hoy.

Esta posición privilegiada es la que ha garantizado durante mucho tiempo la impunidad a los depredadores sexuales cobijados en su seno, y ha creado las bases para que la pederastia, las violaciones y, en general, los abusos sexuales hayan podido practicarse de forma sistemática.

El poder de la Iglesia en la educación. ¡Fuera religión de nuestras aulas!

El citado informe es una denuncia demoledora. Pero no plantea ningún tipo de medida para acabar con esta aberrante situación, con el poder y la impunidad de la que disfruta la Iglesia. Como en tantos otros asuntos, el PSOE pretende realizar un gesto de denuncia retórica, solemne y formal, pero vacío de medidas reales para evitar que vuelva a ocurrir y castigar a los culpables.

Las únicas medidas que “recomienda” Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, son “la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones”, en colaboración con la Iglesia, y la intención de celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas. ¿Que la reparación a las víctimas de estos abusos sea pagada con dinero público? ¡No! ¡Que lo pague la Iglesia Católica de su inmenso patrimonio acumulado!

Ni siquiera se ha tenido el valor de plantear que estos delitos no prescriban, una de las principales reclamaciones de las asociaciones de víctimas, con lo que miles de violadores y encubridores se irán de rositas.

Ni el Defensor de Pueblo ni el PSOE han mostrado la más mínima intención de acabar con el control que la Iglesia tiene de un amplio porcentaje de los centros educativos de este país, en mucho de los cuales se segrega a niños y niñas por sexo. En el Estado español hay más de 2.500 colegios de “inspiración cristiana” a los que hay que sumar las quince universidades vinculadas con la Iglesia. ¡Casi 2 millones de niños, niñas y jóvenes seguirán, a través del sistema educativo, al alcance de los miles de depredadores sexuales que la Iglesia Católica cobija!

Además, los empresarios de la educación privada-concertada, controlada en más de un 60% por la Iglesia, seguirán recibiendo los más de 6.000 millones de euros al año que le aporta el Estado. ¡La educación debe ser pública, laica y científica! ¡Basta de adoctrinamiento religioso en las aulas!

Según Europa Laica, la Iglesia recibe anualmente del Estado 12.000 millones de euros en aportaciones directas por la enseñanza concertada, profesores de religión, la obra social y asistencial, la actividad hospitalaria, el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario —que en gran parte la Iglesia ha usurpado al dominio público—, la subvención a eventos religiosos diversos, lo destinado a funcionarios capellanes o a entidades específicas como la Obra Pía de los Santos Lugares... ¡El Estado debe dejar de alimentar las arcas de esta institución corrupta y reaccionaria!

Hay que romper el Concordato con la Santa Sede, uno de los pilares en los que se sustentan los privilegios de la Iglesia católica y que garantiza, entre otras cosas, un régimen fiscal especial y muy ventajoso para el amplio y lucrativo entramado empresarial que controla y del que se lucra. 

Este informe no dice nada que no supiéramos ya, pero nos da todavía más argumentos. Queremos castigo ejemplar para los culpables, tanto para los agresores directos como para los encubridores. Es inaplazable acabar con los privilegios y el poder que la Iglesia sigue manteniendo. Esta es la única manera de conseguir justicia para las víctimas y que nunca más una situación así vuelva a repetirse.