¡Abajo Bonilla, el presidente de los recortes y las privatizaciones! ¡Por una huelga general contra el Gobierno del PP en Andalucía ya!

Estamos asistiendo a uno de los mayores escándalos en la historia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Un crimen contra la mujer trabajadora provocado por los recortes, las privatizaciones y la desidia sin escrúpulos de la Junta del Partido Popular.

Hace pocos días salió a la luz que había al menos 2.000 mujeres, sin contar las que ya han muerto, con un diagnóstico previo “no concluyente” de cáncer de mama pendientes de ser llamadas para confirmar o descartar la enfermedad.

Ahora la realidad está demostrando que esto era solo la punta de un inmenso y dramático iceberg.

Ya a inicios del año pasado se dispararon las alarmas cuando numerosas pacientes y colectivos denunciaron la falta de comunicación de resultados no concluyentes e importantes retrasos en la asignación de citas. Además, acaba de hacerse público que este verano el SAS remitió a los médicos de primaria hasta 19.000 ecografías y resonancias con retrasos de hasta dos años provenientes del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva[1].

Sin embargo, no ha sido hasta finales de septiembre  cuando se ha evidenciado la magnitud del asunto.

El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente entre las mujeres, siendo esencial un diagnóstico precoz para el tratamiento de algunos de sus tipos más agresivos.

La gravedad de este mayúsculo escándalo exige que los sindicatos convoquen ya una huelga general contra el Gobierno de la Junta presidido por Juanma Bonilla. Las declaraciones en la prensa de los dirigentes del PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y los sindicatos sanitarios, tienen que concretarse en organizar la lucha. ¡Basta de palabras!

Las mujeres afectadas han marcado el camino a seguir. Secundadas por muchos trabajadores y trabajadoras han respondido con contundencia. El miércoles 8 de octubre, miles de personas se concentraron frente a la sede central del SAS en Sevilla exigiendo soluciones reales ante este ataque. En esta concentración no solo quedó patente la rabia y la fuerza para enfrentar al Partido Popular, sino que también dejamos claro quiénes eran los responsables de este escándalo que ha segado y ha puesto en peligro la vida de tantas: los recortes y las privatizaciones del PP, que constituyen una agresión contra nuestra clase y en especial contra la mujer trabajadora. Un nuevo crimen a manos del PP, que se suma a los 7291 muertos en las residencias de mayores bajo el Gobierno de Ayuso y a las víctimas mortales de la DANA provocadas por la negligencia criminal de Mazón en la Comunitat Valenciana.

¡Los recortes y las privatizaciones matan!

El Gobierno de Moreno Bonilla lleva días mintiendo y tratando de salir del paso echando balones fuera y ofreciendo explicaciones absolutamente lamentables. La verdad es evidente para los millones de trabajadoras que conocemos la situación de colapso de la sanidad pública andaluza.

Las y los trabajadores del SAS llevan años denunciando la falta de recursos y de personal, al igual que las graves consecuencias que esto tiene en la salud de sus pacientes. Solo este verano Moreno Bonilla ha reducido el presupuesto para las contrataciones de 144 millones a 135 millones respecto al año pasado. Así, las listas de esperas de meses de duración y la saturación de los servicios se han convertido en la norma.

Andalucía es la comunidad con menos radiólogos de España (7,2 por cada 100.000 habitantes, frente a los 9,15 de la media estatal). La falta de médicos constituye uno de los mayores problemas del sistema público. Esto por no hablar del exilio masivo de los profesionales del sector hacia la privada o al extranjero. No es de extrañar cuando el ejercer en la pública acarrea condiciones laborales pésimas, una marcada inestabilidad o una práctica médica donde se prima la reducción de costos sobre una atención sanitaria plena, de calidad y centrada en el paciente. Todo ello unido a guardias interminables, mal remuneradas y no cotizadas, con jornadas laborales que rozan la esclavitud y que comprometen la calidad del servicio y de la vida de los y las profesionales.

Bonilla ha anunciado a bombo y platillo un “plan de choque sanitario” que incluye la contratación de 119 nuevos profesionales entre radiólogos, técnicos y personal administrativo: saben perfectamente que este retraso inaceptable se ha generado por la falta de medios humanos y materiales tras años de recortes. Pero incluso aunque este “plan de choque” se hiciera realidad, el plazo para resolver todos los diagnósticos está planteado hasta el 30 de noviembre. Dos meses más de espera que las propias asociaciones de afectadas han señalado como otra desfachatez que volverá a costar vidas humanas.

La política privatizadora de Moreno Bonilla, que provoca un drama que ha costado las vidas y el dolor de cientos de mujeres trabajadoras, está diseñada para engordar los bolsillos de los empresarios de la sanidad privada. En el año 2020 se llegaron a destinar 22,8 millones para externalizar servicios diagnósticos que podrían haberse realizado en la pública de haber contado con el personal y los recursos materiales suficientes. Este mismo problema lo vemos reflejado en la propia crisis del cribado de mama, donde desde 2021 la Junta del PP ha gastado más de 5,4 millones en cubrir las claras carencias radiológicas del cribado de mama derivando las pruebas a clínicas privadas. Para el PP la sanidad es un negocio con el que llenar los bolsillos de las empresas del sector, ¡no podemos permitir que esta situación continúe!

¡Huelga general para echar a estos criminales!

La concentración del pasado 8 de octubre fue un desborde de rabia e indignación que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Moreno Bonilla. La presión del movimiento es tan grande que ya ha dimitido la consejera de Salud y se esperan movimientos similares en las cúpulas del SAS. Es evidente que sin la organización consciente y la lucha en las calles esto jamás hubiera pasado. Bonilla y sus aliados querían salir del paso ocultando la dimensión del escándalo y evitando asumir responsabilidades, pero la lucha de miles de mujeres de trabajadoras lo ha impedido.

Pero la lucha debe continuar y ampliarse. Las raíces de esta crisis son mucho más profundas y no se solucionarán con los pequeños parches que el PP, para salir del paso, dice que va a implementar.

El escándalo del retraso en la comunicación de los diagnósticos de los cribados no es más que el último jalón en las consecuencias de un largo proceso de privatización e infrafinanciación de los servicios públicos. El problema, como hemos señalado en las calles, es el parasitismo empresarial que recorre el sistema sanitario, alimentado por el PP y antes por el PSOE desde la Junta de Andalucía.

Los planes del PP no van a ser frenados con mociones parlamentarias, ni con que se nos remita a las próximas elecciones: tenemos que seguir organizando la lucha en la calle y redoblar la presión contra estos criminales. Hay que unificar las enormes movilizaciones en defensa de la sanidad pública con el resto de las luchas y sectores, y confluir en una gran huelga general que ponga contra las cuerdas al PP ¡Así se combate a la derecha y sus políticas!

Solo con la movilización conseguiremos unos servicios públicos de calidad y revertir las privatizaciones en sanidad, educación, asistencia a nuestros mayores, etc., que con el PP a la vanguardia, aunque también llevadas a cabo por los distintos Gobiernos del PSOE, vienen produciéndose desde hace décadas.

Esta semana hemos logrado una victoria en la defensa de los servicios públicos obligando a dimitir a la consejera andaluza de Sanidad, demostrando que la lucha y la organización por nuestros derechos son el único camino.

Nos quieren sumisas y aisladas, pero hemos demostrado una vez más que nos tendrán unidas y organizadas.

 

[1]Salud mandó revisar este verano 19.000 pruebas radiológicas con retrasos de hasta dos años en Huelva