Tras las valientes denuncias de trabajadoras desde el año 2024, LAB ha denunciado una red de explotación laboral machista y racista en las Viviendas comunitarias de Bilbo. La empresaria denunciada aparece como administradora de 6 residencias y de 9 viviendas comunitarias en Bizkaia. Además de su puesto de enfermería en Osakidetza. Sólo en el último año ha podido llegar a acumular beneficios netos que superarían los dos millones de euros.
Las viviendas comunitarias, o pisos de mayores, son percibidos como una alternativa, frente al modelo de las residencias, que permite a las personas mayores con mayor movilidad e independencia poder hacer una vida lo más libre o autosuficiente posible. Pero estas ideas, que podrían llevarse a cabo y dotarse de equipos humanos y recursos materiales para alargar la vida de calidad de millones de personas, choca contra un muro: el del lucro privado y los beneficios económicos.
El sistema de externalización y concertación promovido y sostenido por el Gobierno Vasco ha favorecido un trasvase de fondos públicos a entidades privadas sin los controles adecuados, priorizando criterios de rentabilidad económica frente a la calidad del servicio y el respeto a los derechos laborales. En este contexto, la precarización sistemática del empleo -especialmente de mujeres migrantes y racializadas- no es un efecto colateral, sino un pilar funcional del modelo.
Ni condiciones laborales dignas, ni una atención digna para nuestros mayores
Aunque las condiciones laborales de la plantilla deberían estar regidas por el Convenio Colectivo de Residencias de Bizkaia -que tantos meses de lucha costó conseguir-, la realidad es que hay una triple escala laboral. En primer lugar están las trabajadoras locales, blancas, que se encuentran cotizando en la la Seguridad Social, con contrato escrito y nómina. En segundo lugar están las trabajadoras migrantes regularizadas, que cuentan con contratos, pero en los que no se reflejan las horas reales de su jornada. Y en tercer lugar se encuentran las trabajadoras en situación irregular, que tienen contratos verbales de 50 euros la noche, con turnos de 22:00 a 08:00 -es decir, diez horas- para cubrir fines de semana y festivos. Estas últimas, además, tampoco tienen sitio de trabajo fijo, ya que las mueven según las necesidades de los pisos.
LAB llega a denunciar la situación de una trabajadora de la plantilla, migrante y racializada, que tras 3 años consigue un contrato laboral por escrito -a media jornada- a cambio de que asumiese ella misma la cuota de la Seguridad Social. Una trabajadora a la que se le negaba la baja en el octavo mes de embarazo. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Cuesta imaginarlo.
No solo las trabajadoras se ven afectadas por esta situación. Según los informes, las condiciones de cuidado de las personas mayores también son deficientes. Aunque en muchas de estas viviendas se cobra a las familias alrededor de 2.500 euros al mes, hay momentos en los que un único trabajador debe atender a más de 14 residentes, poniendo en riesgo tanto la seguridad de las empleadas como el bienestar de los y las usuarias.
Las trabajadoras también han denunciado alimentación deficiente y falta de suministros básicos, como aceite, papel higiénico o material de protección. Otro dato preocupante: los empleadores habrían utilizado información sanitaria de los residentes para gestionar la limpieza y organización de los espacios según la condición médica de los mayores, acelerando así la reutilización de los servicios, una práctica cuestionable desde el punto de vista ético y legal.
Por un modelo de cuidados públicos, gratuitos y con condiciones dignas para toda la plantilla
La organización de las trabajadoras, demandas judiciales y denuncias frente a inspección de trabajo han revertido la situación en diferentes centros. Esto es especialmente importante en sectores donde la dispersión de la plantilla favorece a los jefes y jefas y a su negocio, y dificulta la organización de las trabajadoras. Desde esta nota, las y los compañeros de Ikasle Sindikatua, Emakume Aske eta Borrokalariak y Ezker Iraultzailea animamos a la plantilla a continuar con esta denuncia pública. ¡Estamos con vosotras!
La ola feminista de estos años, que hemos llevado a Euskal Herria a la cabeza de la lucha feminista convocando huelgas generales feministas masivas, debemos trazar un plan de lucha para conseguir nuestras reivindicaciones. El Gobierno Vasco del PNV-PSE y la derecha españolista tienen un plan claro para los servicios públicos, que son la precarización y la privatización de éstos. Nos responden con servicios mínimos abusivos cuando vamos a la huelga, y mandan a la Ertzaintza contra nuestros pequeños y concentraciones.
Solo podemos confiar en las fuerzas de nuestra clase, la clase trabajadora. Por ello, todas y todos debemos salir a las calles de nuevo este 8 de marzo, y a la huelga general el próximo 17 de marzo por un SMI propio de 1500€ para Hego Euskal Herria. Por unos cuidados 100% públicos, de calidad, gratuitos y con condiciones dignas para toda la plantilla.
