A continuación reproducimos un artículo de El Salto publicado el 16 de octubre de 2024

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha lanzado su 14º informe anual titulado “El Estado de la Pobreza“, un estudio profundo que desvela las condiciones socioeconómicas actuales en España. Basado en indicadores homologados por la Unión Europea, el informe se centra en datos de 2023 y revela que uno de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 29 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto equivale a más de dos millones de personas, lo que refleja una situación crítica para la juventud, atrapada en un entorno de precariedad laboral y dificultades para acceder a la vivienda, factores que obstaculizan su avance hacia la estabilidad.

Un futuro incierto para la generación mejor preparada

En los últimos años, ha crecido la percepción de que las nuevas generaciones podrían no superar el nivel de vida de sus padres. Las crisis económicas sucesivas han sembrado un escenario incierto en el que muchos jóvenes se enfrentan a la inestabilidad laboral, a pesar de ser considerados ”la generación mejor preparada de la historia“. Sin embargo, esa cualificación no se traduce en empleos seguros y bien remunerados, sino que deja a una gran parte de la juventud atrapada en contratos temporales o de jornada parcial, y con salarios que no les permiten emanciparse fácilmente. Además, los obstáculos para acceder a una vivienda asequible agravan la situación, retrasando la independencia económica y personal.

Datos alarmantes sobre pobreza juvenil

El informe refleja que la tasa de pobreza o exclusión social entre los jóvenes es prácticamente la misma que la de la población general: en 2023, el 27,4 % de los menores de 30 años se encontraban en esta situación, en comparación con el 26,5 % para el total del país. En épocas de crecimiento económico, la tasa AROPE (indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social) juvenil mejora de manera más acelerada que la media nacional. Sin embargo, en tiempos de crisis, la situación empeora drásticamente para los jóvenes. Durante la Gran Recesión, la diferencia entre la tasa juvenil y la general alcanzó los 7,4 puntos porcentuales, y tras la pandemia de la COVID-19 en 2021, la brecha volvió a ampliarse a 3,4 puntos. Aunque en 2022 se redujo a 1,3 puntos, la precariedad persiste.

Aproximadamente 1,5 millones de jóvenes viven por debajo del umbral de la pobreza, con una tasa del 21,4 %, la más baja desde 2009. No obstante, la volatilidad es evidente, ya que la crisis de 2008 incrementó esta tasa hasta el 29,6 % en 2016, y solo con la recuperación económica reciente se han visto mejoras significativas. Esto muestra la alta vulnerabilidad de la juventud a los cambios en el mercado laboral y económico.

La precariedad laboral sigue siendo la norma

Aunque a simple vista el mercado laboral puede parecer igualmente complejo para todas las edades, los jóvenes sufren una discriminación marcada que se traduce en empleo precario y bajos ingresos. Apenas el 28,5 % de los menores de 30 ha completado estudios superiores, muy por debajo del 49,8 % entre los adultos de 30 a 44 años, lo que limita sus aspiraciones laborales.

El desempleo juvenil, con una tasa del 21,4 % en 2023, casi duplica la media nacional del 12,2 %. Durante la crisis económica de 2013, esta cifra alcanzó el 42,4 %, afectando a 1,7 millones de jóvenes. Aunque la reforma laboral de 2022 redujo significativamente la temporalidad, esta aún afecta al 34,7 % de los jóvenes empleados, el doble que la tasa general. La situación se complica para las mujeres, quienes enfrentan mayores obstáculos: el 32,8 % de ellas trabaja a tiempo parcial, frente al 19,2 % de los hombres. Además, el 4,5 % de las mujeres jóvenes no puede aumentar sus horas laborales debido a responsabilidades domésticas, mientras que solo el 0,3 % de los hombres se encuentra en la misma situación.

Vivienda inaccesible y emancipación tardía

El acceso a la vivienda representa otro desafío crítico. En España, la edad media de emancipación es de 30,4 años, la cuarta más alta de la Unión Europea y 4,1 años por encima de la media comunitaria. La precariedad laboral y los elevados costes de alquiler son las principales barreras. Mientras que el 19,2 % de la población general reside en alquiler, entre los jóvenes de 16 a 29 años esta cifra asciende al 24,2 %, y entre los de 25 a 29 años alcanza el 32,7 %. La incertidumbre generada por las subidas de precios en el alquiler afecta especialmente a quienes no pueden permitirse una vivienda en propiedad, obligándolos a destinar una parte significativa de sus ingresos a mantener un techo.

La situación no solo limita la posibilidad de ahorrar y planificar el futuro, sino que también retrasa la salida del hogar familiar y la independencia económica. Esta falta de autonomía no solo constituye un problema individual, sino que afecta al desarrollo económico y social del país, generando un círculo vicioso en el que la precariedad laboral y la inestabilidad en la vivienda perpetúan la desigualdad.

La necesidad de políticas inclusivas

El panorama socioeconómico actual muestra claramente que la juventud española enfrenta un entorno adverso, donde las dificultades para acceder a un empleo estable y una vivienda asequible son desafíos cotidianos. De acuerdo con las tesis sostenidas por diferentes estudios, resultaría crucial que las políticas públicas se centren en mejorar la estabilidad laboral, fomentar salarios justos y garantizar un acceso asequible a la vivienda. De ese modo, podría revertirse la tendencia actual y ofrecer a los jóvenes oportunidades reales para construir un futuro digno y económicamente independiente.