Hace unos días, El País publicaba el siguiente artículo: "Exámenes para subir nota en la concertada hasta que los alumnos logran un 10 en Bachillerato: un agravio de cara a la selectividad". Y efectivamente así es. Esta noticia plasma con claridad como la selectividad no es una prueba que iguale a todos los estudiantes independientemente de sus condiciones económicas, sino que los hijos e hijas de la clase trabajadora, quienes estudiamos en los institutos públicos y no pagamos por nuestras notas, nos enfrentamos a una prueba totalmente clasista. Eso sí, si eres un estudiante cuya familia puede sacar el talonario en un instituto privado o privado-concertado para subir tu nota, no tendrás ningún problema.

Como cada año, más de 300.000 estudiantes pasarán la pesadilla de tener que presentarse a la PAU. Una prueba clasista en la que los estudiantes de clase trabajadora nos jugamos nuestro futuro ya que se convierte año en año en una batalla encarnizada en la que se nos obliga a competir con nuestros propios compañeros y compañeras de clase por conseguir una plaza en la universidad pública.

Basta de mitos y mentiras: la PAU es un examen clasista, no nos iguala a todos.

La realidad del porqué de la PAU es sencilla. No hay suficientes plazas en la educación pública. Ante los recortes y la privatización de la educación, la selectividad es el argumento para disfrazar de justicia y meritocracia la falta de inversión. Nos responsabilizan a nosotros de sus políticas capitalistas.

Por ello los defensores de esta prueba nos intentan convencer de que este examen sirve para equilibrar a todos los estudiantes, ya que gracias a la selectividad todas y todos los estudiantes tienen la oportunidad de conseguir una plaza pública sobre la base de sus méritos académicos. Sabemos bien que esto no es así. ¿Cómo vamos a partir en los barrios obreros de la misma situación que los hijos de los ricos? Mientras ellos estudian en centros privados o concertados, que en muchas ocasiones inflan las notas, y teniendo medios materiales suficientes para permitirse los profesores particulares que hagan falta, nosotros, los hijos e hijas de la clase trabajadora, estudiamos en centros públicos abandonados que se caen a pedazos, con bajas de profesores sin sustituir, con ratios cada vez más altos por clase… Además, en muchas ocasiones nos enfrentamos a presiones económicas incompatibles con mantener una buena rutina de estudio: cuidar de otros familiares, viviendas sin espacios donde estudiar y concentrarnos, trabajos parciales para poder llegar a final de mes…

De hecho, Escuelas Católicas, la gran patronal de centros religiosos concertados ha defendido que se permita a sus alumnos exámenes extra para subir nota, como recogía el artículo de El País. “Si eso redunda en una mejor calificación del Bachillerato y una mejor nota para que pueda elegir al final los estudios a los cuales quiere optar, pues bendito sea Dios” asegura Irene Arrimadas, la responsable pedagógica de Escuelas Católicas. Según datos oficiales, el 27,4% de los alumnos de la privada y la concertada tienen más de un nueve de nota media en bachiller, frente al 19,3% de los estudiantes de la pública. Sin embargo, según un estudio de la Complutense, un alumno graduado en la escuela pública tiene un 63% más de probabilidades de sacar buenas notas en la universidad que uno graduado en la privada o concertada. Plantear que limitar el acceso a unas notas de corte es igualar a todos los alumnos es vivir en una burbuja en la que las diferencias entre clases, entre ricos y pobres, no existen.

A todas estas dificultades tenemos que sumar la presión. Actualmente el  37,7% de los jóvenes reportan problemas de salud mental, pero estos datos aumentan hasta el 60% en adolescentes de clase trabajadora. Además, casi la mitad (48,9%) han tenido pensamientos suicidas. Datos escalofriantes que muestran la presión continua a la que estamos sometidos, principalmente, los y las que nos encontramos en una situación precaria y que crece exponencialmente cuando nos toca enfrentarnos a la Selectividad.

¿Cómo no va a afectarnos? Si fallamos en ese examen, por mucho que haya sido el esfuerzo, nos encontramos sin plaza para la carrera que queramos estudiar en la ciudad que nos podamos permitir. No tenemos medios para irnos a una universidad privada y con la situación de la vivienda es impensable poder costearnos un alquiler en otra ciudad donde quizá nuestra nota sea suficiente para entrar en la carrera. Se convierte en algo inasumible para muchos jóvenes que se enfrentan a serios problemas de salud debido al estrés, además de ser la puerta de entrada para distintos tipos de benzodiacepinas como el Lexatin.

Un buen ejemplo de la presión brutal que supone este examen y la necesidad que tenemos los estudiantes de prepararnos bien estas pruebas porque si no la posibilidad de acceder a la universidad desparece para nosotras, fue la huelga estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes el 11 de octubre.  Decenas de miles de estudiantes vaciamos las aulas y convocamos más de 50 manifestaciones por todo el Estado para reclamar que se publicasen los modelos de PAU con tiempo suficiente para poder prepararlos bien.

La lucha contra la privatización de la educación

Además de la reivindicación de la publicación de los modelos de exámenes, la huelga estudiantil de octubre fue también una movilización en defensa de la educación pública, por bajar las ratios, contra la falta de profesores, falta de medios, por la inexistencia de apoyo a la salud mental o de una educación sexual en nuestras aulas…

Un ejemplo de esta privatización salvaje es la reforma universitaria de Ayuso en la que limitaba al 70% la financiación de la universidad pública por parte de la Comunidad obligando a las entidades públicas a depender de patrocinios o empresas privadas. Todo esto mientras da luz verde a la apertura de 14 nuevas universidades privadas. ¡Una absoluta vergüenza! Tras la indignación causada por esta reforma y los presupuestos, Ayuso planteó una inyección de 47 millones a las universidades públicas. ¡Una cantidad totalmente ridícula teniendo en cuenta que hace falta, para un mínimo buen funcionamiento, al menos 200 millones!

Estos ataques han sido respondidos con una gran huelga de la comunidad educativa el 28 de abril, en la que las universidades se vaciaron completamente y donde confluimos todos los sectores educativos, desde 0 a 3 años hasta la universidad.  

Y es que la privatización azota tanto la universidad como a la FP. Por un lado nos cierran a cal y canto el acceso a la universidad pública y, por otro, nos dejan también sin plazas en la FP. Solo en la Comunidad de Madrid de Ayuso el pasado año 50.000 alumnos se han quedado sin plaza. A nivel estatal, vemos como desde 2015 hasta ahora, en solo diez años, el número de centros privados de FP ha aumentado un 70% mientras que los públicos solo lo han hecho un 15%. En los últimos cuatro años el número de alumnos en la privada ha crecido un ¡1600%! y ahora mismo los alumnos de FP privada superan a los de la pública.

Mientras ellos privatizan, someten nuestro futuro a un examen clasista y cruel en el que nos lo jugamos todo.

¡Acabemos con la PAU!

Desde el Sindicato de Estudiantes volvemos a decir: ni PAU ni notas de corte. Necesitamos una revolución económica y pedagógica para terminar con la desigualdad de clase en la escuela pública, con el abandono escolar, con los trastornos mentales… No hay otra vía: hay que rescatar a la educación pública. Sí que hay recursos, ¡que se pongan al servicio de la gran mayoría! Queremos una Universidad pública, gratuita y democrática. Los hijos e hijas de la clase obrera tenemos derecho a una educación digna y no dejaremos de pelear por ella.

El triunfo que conseguimos con esa movilización muestra que la lucha es la única alternativa posible para frenar la privatización de los servicios públicos y sus consecuencias. Es el camino que debemos seguir para tumbar también este lamentable examen.