Por su interés reproducimos este artículo escrito por Rocío Cruz, publicado por publico.es. Pincha aquí para acceder al original
Mercantilización de la educación: "Proceso por el que, normalmente con el apoyo de la administración o por su desidia, las empresas privadas avanzan en el sector educativo hasta situar al sistema público en una posición de desigualdad frente a la enseñanza privada, concertada o no". Privatización: "Apoyo, directo o indirecto, de las administraciones públicas a empresas encargadas de gestionar algún tipo de servicio educativo". Son las dos definiciones que recoge el informe La mercantilización de la educación, elaborado por la Fundación 1º de Mayo, el Instituto de Estudios Educativos Sindicales y CCOO. Analiza una tendencia que, según sus autores, atraviesa cada vez más niveles del sistema educativo español: el avance del negocio privado alrededor de la educación.
La privatización, sostienen, no se produce únicamente mediante la apertura de nuevos colegios o universidades privadas. También avanza a pasos agigantados a través de la creación de todo un mercado en torno a las necesidades educativas que el sistema público deja sin cubrir —o cubre de forma insuficiente—. Clases particulares, actividades extraescolares, servicios de apoyo, plataformas digitales, formación universitaria o atención especializada son algunas de las piezas de un puzle que conduce a una misma idea: la educación se está convirtiendo en un mercado. Un derecho y un bien público que, según advierte el análisis, funciona cada vez más bajo la lógica de la competencia, la oferta y el beneficio económico.
¿Las consecuencias? Pedro González de Molina, uno de los autores del informe, habla de segregación escolar. "El avance de la mercantilización genera segregación escolar que, a su vez, afecta a los resultados educativos, principalmente del sector más desfavorecido, lo cual acaba provocando en muchos casos que se reproduzcan las clases sociales", explica en conversación con Público. Advierte también que un sistema educativo segregado "atenta contra la igualdad de oportunidades y dificulta que el alumnado pueda escapar de las condiciones sociales de partida". "Acaba atentando contra las posibilidades de que la gente salga de su destino social y, por otro lado, acaba generando que aquellos que están arriba tengan menos competidores de abajo", sigue contando.
El investigador sitúa en el centro de la diana a las administraciones públicas, "especialmente a aquellas gobernadas por el Partido Popular", como responsables de favorecer la expansión de las empresas privadas en el sistema educativo. "Tienen mucho que ver en este avance de las empresas privadas porque lo están favoreciendo, como puede ocurrir en Andalucía o en la Comunidad de Madrid", sostiene. En su análisis, González de Molina enlaza esta evolución con los resultados de la última edición de PISA, en los que España ha registrado una caída histórica. "Los resultados han descendido de forma acusada en los centros privados y concertados, donde están las clases medias-altas y las clases altas", apunta.
La educación, un negocio de 20.000 millones de euros
Los autores del informe traen a colación los datos del estudio Universidades Privadas y Escuelas de Negocios, elaborado por DBK Observatorio Sectorial y publicado en octubre del año pasado. ¿La fotografía? Colegios, universidades, escuelas de negocios y centros de Formación Profesional (FP) mueven en España alrededor de 20.000 millones de euros. Tomando como referencia los datos de 2023 y 2024, 13.650 millones corresponden a colegios privados y concertados; 4.150 millones, a universidades privadas y escuelas de negocios; 1.535 millones, a centros privados de FP oficial; y 1.815 millones, al conjunto de la FP si se incluye también la formación no reglada.
Los colegios siguen siendo, con diferencia, el gran negocio educativo por volumen. Sus 13.650 millones de euros los convierten en el mayor mercado del sector, aunque su crecimiento es mucho más moderado: alrededor de un 2% en el periodo analizado. El dinero, sin embargo, parece estar desplazándose hacia otro terreno: las etapas en las que las familias pagan directamente por acceder a una plaza, especializarse o mejorar su posición en el mercado laboral. Ahí es donde las cifras se disparan. Las universidades privadas y las escuelas de negocios facturaron 4.150 millones de euros en 2024, un 12,3% más que el año anterior. Las universidades privadas crecieron un 12,5%, mientras que las escuelas de negocios lo hicieron un 11,6%. La FP privada, por su parte, mantiene un ritmo de crecimiento cercano al 11% anual.
El mercado de las universidades privadas y escuelas de negocios pasó de facturar 2.250 millones de euros en 2017 a 2.715 millones en 2020, 3.265 millones en 2022, 3.700 millones en 2023 y 4.150 millones en 2024. En apenas siete años, el negocio prácticamente se ha duplicado. Y los 20.000 millones son solo una parte de la fotografía. Los autores del informe recuerdan que esa cifra no incorpora directamente —o deja fuera— otros mercados que también analizan como expresiones de la mercantilización educativa: academias, clases particulares, preparación de oposiciones, actividades extraescolares, formación no reglada, plataformas educativas, certificaciones, microcredenciales o alojamiento estudiantil.
La FP privada gana terreno por falta de plazas públicas
La FP es otro de los grandes focos del informe. Según los datos recogidos por sus autores, la matrícula en la FP privada ha pasado del 28% al 34% en apenas seis años, un crecimiento especialmente intenso en los ciclos de Grado Superior. La diferencia entre la evolución de la oferta pública y privada es llamativa. Mientras la oferta pública de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) creció un 21,22%, la de los centros completamente privados aumentó un 39,79%. Una expansión que, de acuerdo con el texto, se produce en un contexto en el que acceder a determinados estudios de FP pública se ha convertido en una carrera por conseguir plaza. Los precios de los ciclos privados oscilan, según el documento, entre los 4.500 y los 12.000 euros.
El informe destaca el caso de la Comunidad de Madrid. Sus autores citan un estudio de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, publicado el año pasado, que reveló que 62.191 estudiantes no pudieron matricularse en la FP pública madrileña en el curso 2025-2026. La exclusión afectó al 36% del alumnado que solicitó una plaza en FP Básica, al 70% en Grado Medio y al 69% en Grado Superior. En números absolutos, quedaron fuera 1.685 estudiantes de FP Básica, 26.021 de Grado Medio y 34.485 de Grado Superior. A ello se suma, de acuerdo con el informe, el cierre de 58 grupos de FP pública para ese curso.
La universidad privada dispara sus matriculaciones
La Fundación 1º de Mayo de CCOO sitúa también a la universidad uno de los principales escenarios de expansión del negocio educativo. El análisis muestra que el sistema universitario español ha alcanzado los 1,9 millones de estudiantes, pero el crecimiento no se ha repartido por igual entre la red pública y la privada. Las matriculaciones en universidades privadas habrían aumentado un 129%, frente al 2% de crecimiento registrado en las públicas. El informe vincula esta expansión, entre otros factores, a las dificultades de las universidades públicas para ampliar su oferta de plazas, especialmente en determinados másteres. Allí donde la demanda supera la capacidad del sistema público, razonan los autores, la iniciativa privada encuentra un nuevo espacio para crecer.
La concertada gana peso y Madrid se sitúa a la cabeza
El modelo concertado ocupa un lugar importante en el informe. Conforme a las cifras, casi un tercio del alumnado de la enseñanza obligatoria estudia en centros concertados. En Primaria y ESO, el 28,5% del alumnado español está matriculado en esta red, mientras que otro 4,1% acude a centros privados no subvencionados. El caso de la Comunidad de Madrid sobresale. El 36,4% del alumnado de la enseñanza obligatoria está escolarizado en centros concertados, muy por encima de la media estatal del 28,5%. Es decir, más de uno de cada tres alumnos madrileños cursa sus estudios en esta red.
Los expertos relacionan el peso y la expansión del modelo con diferentes factores: las políticas educativas autonómicas, la segregación escolar, la financiación pública de centros privados, las desgravaciones fiscales y los cobros a las familias. En este último punto afirman que parte del supuesto menor coste de la enseñanza concertada se explica porque una parte de los gastos acaba trasladándose directamente a las familias a través de cuotas, actividades, comedor, extraescolares y otros servicios. De este modo, cuestionan la idea de una concertada completamente gratuita y plantean que el coste real del modelo no puede medirse únicamente a partir de la financiación que recibe de las administraciones: una parte de la factura educativa termina pagándose fuera del presupuesto público, directamente desde los bolsillos de las familias.
Las familias españolas gastan cada vez más
El informe señala también un incremento del gasto privado de los hogares en educación. Según datos del INE, el gasto de las familias habría pasado de 13.217 millones de euros a 18.628 millones en apenas 12 años. El aumento se concentra en buena medida en servicios que las familias pagan directamente para completar o reforzar la educación: clases particulares, academias, comedores, actividades extraescolares, libros y materiales y otras actividades educativas. A este gasto se suma otro negocio vinculado a la formación: el de la preparación de oposiciones y otras pruebas de acceso. El informe calcula que los hogares españoles destinan alrededor de 1.000 millones de euros al año a este tipo de preparación.
Con todo, el experto y autor del informe, González de Molina, plantea la necesidad de "desmercantilizar la educación" y recuperar el peso de lo público. Entre sus propuestas figuran evitar que el descenso de la natalidad se traduzca en un cierre de aulas públicas en favor de la red concertada, reforzar la calidad de la enseñanza pública para hacerla más atractiva, revertir el cierre de aulas y la reducción de docentes, impulsar medidas de compensación educativa y limitar la penetración del sector privado en ámbitos como la universidad. También plantea, entre otras medidas, revisar el sistema de conciertos y el de cuotas que abonan las familias.
