Los tribunales franquistas vuelven a perpetrar un nuevo ataque contra nuestra lengua. Después de la sentencia de septiembre, en los últimos días hemos conocido una nueva resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que da continuidad a su ofensiva hacia los derechos lingüísticos del pueblo de Catalunya.
El aparato estatal y la derecha españolista: dos caras de la misma moneda
El TSJC ha anulado artículos del decreto de régimen lingüístico de la Consellería d’Educació que, al menos sobre el papel, blindaban el catalán al aula. Estos artículos preveían: garantizar el catalán y el aranés como lengua vehicular y de aprendizaje, como lenguas de atención al alumnado recién llegado, el establecimiento como lengua de relación entre centros educativos y de proyección externa tanto con las familias como con el resto de la comunidad educativa. El TSJC también ha tumbado los artículos referentes al aprendizaje y el uso de la lengua de signos catalana para el alumnado con discapacidad auditiva. Además, también ha anulado que las pruebas académicas se hagan normalmente en catalán o aranés y la obligación de acreditar un mínimo de conocimiento de la lengua para acceder a enseñanzas postobligatorias no universitarios.
La anulación de este decreto es debida a un recurso presentado por el “Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña” (AEB). Esta plataforma españolista, vinculada a la extrema derecha, alega que el modelo de inmersión lingüística no respeta los derechos fundamentales y es ajeno al pluralismo lingüístico ¡esto son mentiras para intentar camuflar su franquismo!
La emergencia lingüística del catalán ¿qué políticas necesitamos?
El catalán, como lengua minoritaria, se ve cada vez más amenazada a causa del adelanto de un españolismo judicial y de una ausencia flagrante de políticas lingüísticas por parte de la Generalitat que lo combatan y que fomenten el aprendizaje de la lengua catalana.
Actualmente habla catalán de forma habitual solo el 32,6% de la población, cuando al 2003 era del 46%. En el Área Metropolitana de Barcelona, donde viven tres de cada cuatro catalanes, ¡el uso habitual no llega al 25%! En los últimos 7 años se han perdido más de 94.000 hablantes habituales, ¡pero es que del 2005 al 2020 se perdieron más de medio millón! El 35% no lo sabe escribir. Esta panorámica más amplia nos muestra una situación entre la juventud alarmante. En la escuela los y las estudiantes que se dirigen al profesorado siempre en catalán ha pasado del 56% al 39,4%, y el uso en actividades en grupo del 65,8% al 21,4%. Solo el 38,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años lo tienen como lengua habitual.
Ante esta emergencia lingüística, las medidas adoptadas por la Generalitat no solo no han mejorado la situación, sino que claramente lo han empeorado. Por un lado, aceptando las imposiciones antidemocráticas de los tribunales contra el catalán, como han hecho los anteriores Gobiernos de Juntos y ERC. Por ejemplo, este curso empezó con 24 aulas donde se aplica el 25% de castellano decretado por el TSJC. Ante el reciente ataque judicial, la actual consejera de Educación, Esther Niubó (PSC), afirmó en septiembre que presentaría un recurso contra la sentencia asegurando que no había motivo de alarma, pero declaraba que la desobediencia nunca será una opción y que cumpliría la decisión de los tribunales.
¿Cómo se puede afirmar que se defenderá el catalán y a la vez acatar las resoluciones judiciales que vulneran el modelo de inmersión lingüística, avalado democráticamente por un apoyo abrumador del pueblo catalán?
Por otro lado, la carencia de inversión del Gobierno y los recortes en los sectores públicos, especialmente la educación y la cultura, perpetúan y agravian esta situación. La destrucción de la educación pública está directamente relacionada con la pérdida del uso del catalán entre los jóvenes. La falta de recursos en políticas públicas para fomentar el catalán es flagrante: recientemente más de 6.000 personas que querían aprender catalán, la mayoría recién llegadas, se han quedado sin plaza en los cursos del Consorcio por la Normalización Lingüística (CNPL). 8.000 personas se encontraban en febrero en las listas de espera del CNPL. Y a esto se suma un proceso de inscripción poco accesible y unos horarios poco flexibles que imposibilitan a muchas de estas personas de clase trabajadora combinar el trabajo con el aprendizaje.
La propia Generalitat informaba a través de su Departamento de Derechos sociales que 50.000 personas están pendientes de obtener la A1. Además, la espera afecta a muchos profesionales del sector educativo y de salud: 4.500 profesores según USTEC pendientes del C2 y 70.000 sanitarios según el Departamento de Salud.
La demanda es elevada, ¡pero faltan plazas, cursos y profesoras!
Además, hay que destacar la permisividad de estos políticos del sistema hacia sus amigos de los grandes grupos empresariales mediáticos, editoriales, de entretenimiento, del audiovisual, etc., que marginan el catalán con total impunidad. Por supuesto, la precariedad laboral y la falta de cursos de catalán al lugar de trabajo dentro del horario laboral es un gran lastre para su aprendizaje. El único compromiso de la burguesía catalana es con su bolsillo, a expensas de la explotación de la clase trabajadora catalana y gracias a corruptelas como las de la familia Pujol.
¡Basta de culpabilizar la población migrante de la emergencia lingüística! Junts y Aliança Catalana utilizan demagógicamente la grave situación en la que se encuentra nuestra lengua para esparcir su veneno racista y dividir y enfrentar la clase trabajadora. No lo podemos permitir, ¡tenemos que señalar los verdaderos culpables!
Hoy como ayer, ¡la lucha es el único camino!
El objetivo del TSJC, este órgano heredero del franquismo, es tumbar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. Y no lo vamos a permitir. Que el catalán sea lengua vehicular en la escuela fue una reivindicación y conquista histórica de la clase obrera catalana –por cierto, mucha de ella castellanoparlante–, conseguida después de décadas de lucha contra la dictadura franquista y sus herederos.
Por eso, el ataque a este modelo de inmersión lingüística significa un golpe a la educación pública y a un pueblo que cada vez atraviesa más retos para poder vivir en su propia lengua. A pesar de que hay que recalcar que tampoco nos sorprende, y es que ya conocemos muy bien de qué lado están los jueces y tribunales del Estado español. Los mismos que cargan y reprimen el catalán y el derecho a la autodeterminación, son los que reprimen al movimiento antifascista como las 7 de Somosaguas o los 6 de Zaragoza o sindicalistas como las 6 de La Suiza.
Desde el Sindicato de Estudiantes tenemos muy claro que la única forma de garantizar un aprendizaje real y digno de la lengua es defendiendo una escuela pública íntegramente en catalán, levantándonos masivamente contra aquellos que tratan de silenciarnos y llenando las calles de dignidad. La comunidad educativa hemos estado al pie del cañón en defensa de la escuela en catalán y seguiremos estándolo.
En la movilización del pasado 15 de noviembre de los docentes, que llenaron las calles de Barcelona para denunciar sus cada vez peores condiciones laborales, también estuvo muy presente la defensa de una escuela pública y del modelo de inmersión lingüística. Este es el camino. La lucha colectiva. Hay que convocar una gran huelga educativa de profesores y profesoras y estudiantes en defensa de la educación pública y la lengua catalana.
¡Solo las movilizaciones y la organización revolucionaria de los y las estudiantes y de la clase trabajadora podrán luchar por una escuela pública de calidad y en catalán!
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Els tribunals franquistes tornen a perpetrar un nou atac contra la nostra llengua. Després de la sentència del setembre, en els darrers dies hem conegut una nova resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que dóna continuïtat a la seva ofensiva cap als drets lingüístics del poble de Catalunya.
L’aparell estatal i la dreta espanyolista: dues cares de la mateixa moneda
El TSJC ha anul•lat articles del decret de règim lingüístic de la Conselleria d’Educació que, almenys sobre el paper, blindaven el català a l’aula. Aquests articles preveien: garantir el català i l’aranès com a llengua vehicular i d’aprenentatge, com a llengües d’atenció a l’alumnat nouvingut, l’establiment com a llengua de relació entre centres educatius i de projecció externa tant amb les famílies com amb la resta de la comunitat educativa. El TSJJC també ha tombat els articles referents a l’aprenentatge i l’ús de la llengua de signes catalana per a l’alumnat amb discapacitat auditiva. A més, també ha anul•lat que les proves acadèmiques es facin normalment en català o aranès i l’obligació d’acreditar un mínim de coneixement de la llengua per accedir a ensenyaments postobligatoris no universitaris.
L’anul•lació d’aquest decret és deguda a un recurs presentat per l’“Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña” (AEB). Aquesta plataforma espanyolista, vinculada a l’extrema dreta, al·lega que el model d’immersió lingüística no respecta els drets fonamentals i és aliè al pluralisme lingüístic. Quines mentides per intentar camuflar el seu franquisme!
L’emergència lingüística del català. Quines polítiques necessitem?
El català, com a llengua minoritzada, es veu cada cop més amenaçada a causa de l’avenç d’un espanyolisme judicial i d’una absència flagrant de polítiques lingüístiques per part de la Generalitat que el combatin i que fomentin l’aprenentatge de la llengua catalana.
Actualment parla català de forma habitual només el 32,6% de la població, quan al 2003 era del 46%. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on hi viuen tres de cada quatre catalans, l’ús habitual no arriba al 25%! En els últims 7 anys s’han perdut més de 94.000 parlants habituals, però és que del 2005 al 2020 se’n van perdre més de mig milió! El 35% no el sap escriure. Aquesta panoràmica més àmplia ens mostra una situació entre el jovent alarmant. A l’escola els o les estudiants que s’adrecen al professorat sempre en català va passar del 56% al 39,4%, i l’ús en activitats en grup del 65,8% al 21,4%. Només el 38,6% dels joves d’entre 15 i 29 anys el tenen com a llengua habitual.
Davant d’aquesta emergència lingüística, les mesures adoptades per la Generalitat no només no han millorat la situació, sinó que clarament l’han empitjorat. En primer lloc, acceptant les imposicions antidemocràtiques dels tribunals contra el català, com han fet els anteriors Governs de Junts i ERC. Per exemple, aquest curs va començar amb 24 aules on s’aplica el 25% de castellà decretat pel TSJC. Davant del recent atac judicial, l’actual consellera d’Educació, Esther Niubó (PSC), va afirmar al setembre que presentaria un recurs contra la sentència assegurant que no hi havia motiu d’alarma, però declarava que la desobediència mai no serà una opció i que compliria la decisió dels tribunals! Com es pot afirmar que es defensarà el català i alhora acatar les resolucions judicials que vulneren el model d’immersió lingüística, avalat democràticament per un suport aclaparador del poble català?
Per altra banda, la manca d’inversió del Govern i les retallades en els sectors públics, especialment l’educació i la cultura, perpetuen i agreugen aquesta situació. La destrucció de l’educació pública està directament relacionada amb la pèrdua de l’ús del català entre els joves.
La falta de recursos en polítiques públiques per a fomentar el català és flagrant: recentment més de 6.000 persones que volien aprendre català, la majoria nouvingudes, s’han quedat sense plaça als cursos del Consorci per la Normalització Lingüística (CNPL). 8.000 persones es trobaven al febrer a les llistes d’espera del CNPL. I això a pesar d’un procés d’inscripció poc accessible i uns horaris poc flexibles que impossibiliten a moltes d’aquestes persones de classe treballadora combinar la feina amb l’aprenentatge.
La pròpia Generalitat informava a través del seu Departament de Drets socials que 50.000 persones estan pendents d’obtenir l’A1. A més, l’espera afecta a molts professionals del sector educatiu i de salut: 4.500 professors segons USTEC pendents del C2 i 70.000 sanitaris segons el Departament de Salut.
La demanda és elevada, però falten places, cursos i professores!
A més, cal destacar la permissivitat d’aquests polítics del sistema cap als seus amiguets dels gran grups empresarials mediàtics, editorials, d’entreteniment, de l’audiovisual, etc., que marginen el català amb total impunitat. Per descomptat, la precarietat laboral i la falta de cursos de català al lloc de feina dins de l’horari laboral és un gran llast per al seu aprenentatge. L’únic compromís de la burgesia catalana és amb la seva butxaca, a costa de l’explotació de la classe treballadora catalana i gràcies a corrupteles com les de la família Pujol.
Ja n’hi ha prou de culpabilitzar la població migrant de l’emergència lingüística! Junts i Aliança Catalana utilitzen demagògicament la greu situació en què es troba la nostra llengua per disseminar el seu verí racista i dividir i enfrontar la classe treballadora. No ho podem permetre, hem d’assenyalar els veritables culpables!
Avui com ahir, la lluita és l’únic camí!
L’objectiu del TSJC, aquest òrgan hereu del franquisme, és tombar el model d’immersió lingüística a Catalunya. No ho podem permetre! Que el català sigui llengua vehicular a l’escola fou una reivindicació i conquesta històrica de la classe obrera catalana –per cert, molta d’ella castellanoparlant–, aconseguida després de dècades de lluita contra la dictadura franquista i els seus hereus.
Així doncs, l’atac a aquest model d’immersió lingüística esdevé un atac a l’educació pública i a un poble que cada cop travessa més reptes per poder viure en la seva pròpia llengua. Tot i que cal recalcar que tampoc no ens sorprèn, i és que ja coneixem molt bé de quin peu calcen els jutges i tribunals de l’Estat espanyol, carregant i reprimint el català i el dret a l’autodeterminació, així com contra joves antifeixistes com les 7 de Somosaguas o els 6 de Zaragoza o sindicalistes com Les 6 de La Suiza.
Des del Sindicat d’Estudiants tenim molt clar que l’única forma de garantir un aprenentatge real i digne de la llengua és defensant una escola pública íntegrament en català, aixecant-nos massivament contra aquells que tracten de silenciar-nos i omplint els carrers de dignitat. La comunitat educativa hem estat al peu del canó en defensa de l’escola en català i seguirem estant-ho.
En la mobilització del passat 15 de novembre dels i les nostres docents, que van omplir els carrers de Barcelona per a denunciar les seves cada cop pitjors condicions laborals, va ser-hi també molt present la defensa d’una escola pública i del model d’immersió lingüística. Aquest és el camí. La lluita col•lectiva. Cal convocar una gran vaga educativa de professors i professores i estudiants en defensa de l’educació pública i la llengua catalana.
Només les mobilitzacions i l’organització revolucionària dels i les estudiants i de la classe treballadora podran lluitar per una escola pública de qualitat i en català!
