El PP y VOX aprueban la apertura de dos nuevas universidades privadas mientras desmantelan la educación pública
El pasado 31 de mayo conocíamos un nuevo ataque a la educación pública por parte del PP en la Junta de Andalucía: la aprobación de la construcción de dos nuevas universidades privadas bajo la dirección de dos rectores abiertamente reaccionarios.
Una vez más, vemos como los firmes defensores de los empresarios dan dinero y luz verde a proyectos que tienen consecuencias nefastas para la educación de decenas de miles de estudiantes de clase trabajadora. La privatización y los recortes, la falta de personal docente, las ratios inmanejables, la falta espacio, de material escolar y el abandono total de nuestros centros de estudio son algunos de los ejemplos de la realidad que sufrimos diariamente las y los estudiantes de la escuela pública.
La creación de la Universidad CEU Fernando III en Bormujos (Sevilla) y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) han sido aprobadas por mayoría absoluta por PP y VOX. Por lo que no sorprende en absoluto que los directores de estas instituciones privadas vayan a ser dos personajes conocidos por sus ataques al movimiento feminista y su apoyo a la moral podrida de la iglesia católica, es decir, dos firmes defensores de la ideología reaccionaria que comparten quienes han aprobado su creación.
La Universidad CEU Fernando III tendrá como director a Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, presidente de la asociación católica de propagandistas dueños del periódico “El Debate” con clara ideología católica y derechista. Este directivo ha sido protagonista de campañas antiabortistas, machistas y homófobas en más de 80 ciudades del Estado español. Con esta iniciativa, la derecha y la ultraderecha parlamentaria le aseguran a este elemento una nueva plataforma, disfrazada de centro de formación, para seguir diseminando su discurso reaccionario contra las mujeres y el colectivo LGTBI.
Por otro lado, la UTAMED pertenece al grupo MEDAC. Una empresa muy conocida en Andalucía por sus acuerdos y conciertos en el mercado de las formaciones profesionales y que, casualmente, se extendió y amplificó de forma exponencial durante el tiempo que su anterior propietario, Javier Imbroda, fue Consejero andaluz de Educación y Deporte por Ciudadanos. La aprobación de esta nueva universidad privada supone dejar nuestra educación en manos de empresarios que se llenan los bolsillos a costa de nuestro derecho a la educación, convirtiendo la formación superior y de calidad en un privilegio accesible sólo para unos pocos ricos.
Este es el plan de la Junta de Andalucía, en manos de la reacción: desmantelar la pública e impulsar la privatización. En 2020 se recortaron 135 millones del presupuesto para las universidades públicas y, en los años posteriores, la propaganda de la Junta no ha podido ocultar el agujero de la infrafinanciación. Esta es tan grave que incluso amenaza con el cierre de universidades como la UHU o la UPO.
La precariedad también golpea a las trabajadoras y trabajadores universitarios
Los recortes de la Junta también han cargado contra las condiciones laborales en las universidades públicas: salarios de miseria, masificación, bajas que no se cubren… la receta del PP para la universidad pública no es otra que la de la explotación y la precariedad laboral. Esto, unido al “plan de estabilización”, que supone un ERE encubierto en la universidad pública, ha extendido la indignación entre el profesorado y el personal laboral, que se movilizó el pasado 15 de junio en Sevilla.
Esta movilización fue un gran paso adelante, una demostración práctica de que existe fuerza entre el personal universitario y que puede transformarse en una acción contundente en las calles. Las direcciones de CCOO y UGT no deben cesar las movilizaciones cuando el PP se siente en la mesa de negociación. Las universidades públicas y sus trabajadores y trabajadoras no necesitamos otro documento de promesas que no se van a cumplir jamás, o acuerdos que sólo consigan migajas, sino un plan ascendente de movilizaciones que exija todas las reivindicaciones del personal universitario y que enfrente los planes de desmantelamiento del PP. Necesitamos un plan de rescate en la universidad pública, que pase por la contratación masiva de profesorado y PAS, aumentar los salarios, especialmente en las categorías más bajas, y una bajada drástica de la ratio. Hay que romper con los contratos que los rectores han firmado con las empresas privadas para externalizar los servicios, y que el personal laboral pase a la red pública. Este el único camino para acabar con la precariedad laboral.
Desde el Sindicato de Estudiantes tenemos muy claro que sólo la lucha podrá frenar la privatización de la universidad, así como conquistar una universidad pública de calidad y libre de explotación laboral.
Contra la privatización, los recortes y la precariedad laboral: La lucha es el único camino
¡Trabajadores y estudiantes unidos y adelante!
