Tras el allanamiento por parte de Juanma Badenas y su dos asesores del local del Sindicat d’Estudiantes y de la Asociación feminista Lliures i Combatives, ambas organizaciones han interpuesto ya una querella ante los tribunales por los presuntos delitos de allanamiento y revelación de secreto, sin prejuicio de otros delitos que puedan sumarse a lo largo del proceso. Tras el escándalo de este atropello sin precedentes a los derechos democráticos de dos organizaciones de la izquierda combativa, y tras una impresionante ola de solidaridad por parte de sindicatos, movimiento sociales, colectivos y partidos de izquierdas, ya se han dado los pasos concretos necesarios para que estos individuos sean sentados ante los tribunales.
Tras días de silencio, finalmente el edil de extrema derecha ha decidido salir a la palestra para tratar de encubrir su actuación delictiva, planteando el peregrino argumento de que dicho asalto fue consecuencia de una actuación de inspección. Pero tal y como se explica en la querella, dicha argumentación resulta completamente insostenible, ya que no se realizó ninguna comunicación a las entidades afectadas, algo obligatorio de cara a cualquier actuación administrativa, no se ha seguido procedimiento administrativo alguno ni existen actas de la supuesta inspección, y no han intervenido en la supuesta inspección funcionarios o técnicos del Ayuntamiento, no correspondiendo ni al edil ni a sus asesores dichas funciones. Al encontrarse contra las cuerdas, y ante la gravedad de la actuación realizada, este ultraderechista trata de buscarse una burda coartada.
Por otro lado, entre las muestras de solidaridad que hemos recibido, la Asociación OCRE (Observatori Crític de la Realitat Educativa), inscrita como grupo de interés en la Generalitat Valenciana, y que por tanto puede dirigirse a la administración haciendo preguntas que la misma está obligada a responder, ha presentado una batería de preguntas al Ajuntament de Valencia al considerar “muy grave las acciones realizadas en vuestra sede de Valencia por el concejal”. Preguntas que plantean en esencia en base a qué legalidad han actuado estos ultraderechistas para entrar en la sede social de dos entidades legalmente constituida y que tenía obtenida dicha concesión a través del correspondiente concurso público.
Los hechos que hemos padecido son de una gravedad extrema, propio de regímenes dictatoriales, donde cualquier disidencia política o cualquier organización combativa puede ser objeto de asaltos y agresiones sin ningún tipo de base legal. Porque esto es lo que ha ocurrido aquí. Hemos sufrido un asalto, una agresión, y estamos sufriendo aún ahora una brutal persecución política.
Según hemos podido conocer, parece ser que este cayetano ultraderechista ha emitido una orden interna en el Ayuntamiento de cara a exigirnos toda la documentación legal que ya obra en poder del Ajuntament y que presentamos en su día para poder optar a la concesión del uso privativo del local. Es decir, sufrimos un presunto allanamiento ilegal en nuestro local, con abuso de autoridad, ya que se trata de un cargo público, y encima ahora van a por nosotros o no amenazan, como ocurrió el otro día, con expulsarnos. Y todo esto con el aval de la alcaldesa del PP, que sigue permitiendo a este elemento actuar como si aquí no hubiera pasado nada. ¡Que escándalo democrático!
Desde el Sindicat d’Estudiants y Lliures i Combatives queremos manifestar nuestra más firme determinación para enfrentar esta brutal agresión que supone un ataque contra los derechos democráticos de todas y todos, de cualquier colectivo, movimiento social, sindicato u organización de izquierdas que se enfrente a la extrema derecha, que plante cara a Vox o al PP. No os tenemos miedo y no nos vais a amedrentar.
¡Si tocan a uno, nos tocan a todos! ¡No pasaran!
