El pasado 10 de diciembre conocimos el comunicado de los rectores de la universidades públicas andaluzas, que denunciaba el impago de 50 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía y el riesgo que esto representa para la sostenibilidad de los salarios de las y los trabajadores de las universidades.

No es un caso aislado, ¡son recortes!

Aunque algunos intenten presentarnos esta situación como algo puntual, la realidad es que este no es más que otro capítulo del proceso de rectores y privatizaciones que lleva impulsando el PP desde hace años. Ya en 2019 asistimos a un recorte de 40 millones de la financiación básica de inversiones y que se recrudeció en el 2020 cuando, ante la crisis del COVID-19, decidieron recortar 135 millones de euros de los fondos destinados a la universidad pública. Asimismo, esta situación se perpetúa mediante el 0% de crecimiento de para el conjunto de universidades públicas andaluzas.

Asimismo, este ataque a derechos básicos de la clase trabajadora no se limita a la educación, sino que se extiende a todos los derechos y servicios públicos. El caso de la sanidad es el más sangrante, tras haberse posicionado Andalucía este año como la segunda Comunidad Autónoma con peores servicios sanitarios. Esta es la esencia del Partido Popular: gobernar para los empresarios, recortando servicios públicos para que sus amigos puedan forrarse convirtiendo nuestros derechos en lucrativos negocios.

Esto se transforma en precariedad laboral crónica para el PDI y el PAS de las universidades públicas, la imposibilidad de acceder a enseñanzas universitarias a los jóvenes de la clase obrera y la pérdida de derechos dentro de esta. Las y los estudiantes de las universidades públicas asistimos a un deterioro cada vez mayor de nuestra enseñanza. Infraestructuras insuficientes o desgastadas, falta de recursos materiales, recortes en becas de las propias universidades, etc. Pero los trabajadores y las trabajadoras de las universidades también tienen que sufrir las consecuencias de los rectores: salarios insuficientes, una carga de trabajo inasumible, temporalidad, falta de recursos... por no hablar de la situación de las plantillas subcontratadas a empresas externas: limpieza, jardinería, informática, modelaje... sectores en los que la privatización ha degradado aún más las condiciones laborales. Este ha sido el caso del personal de limpieza en la UMA o el servicio de modelaje en vivo en la US.

Es por esto que creemos que para dar la batalla en defensa de una universidad 100% pública no podemos contar con los mismos Rectores que han impulsado o mantenido todas las privatizaciones que han puesto a miles de trabajadores y trabajadoras de nuestras facultades en una situación de precariedad laboral. Los mismos que redactaron el comunicado del 10 de diciembre son los que han impulsado la represión contra las acampadas por Palestina o los que expulsan estudiantes por denunciar el acoso machista, como es el caso de la US ¿acaso es eso defender la universidad pública? Nosotros y nosotras creemos que no.

Tampoco nos olvidamos del gobierno central. Aunque tanto el PSOE como SUMAR no dejan de insistir en que no pueden hacer nada y recurren una y otra vez excusarse en que “la competencia no es del gobierno”, la realidad es muy concreta. Por un lado, este proceso de desmantelamiento se está reproduciendo en todas las CCAA, también en aquellas gobernadas por el PSOE, como Asturias o Catalunya. Por otro lado, todos estos recortes y privatizaciones se pueden llevar a cabo porque la Ley Orgánica del Sistema Universitario, aprobada con el apoyo del PSOE y SUMAR, lo permite. Lo mismo pasa con la Ley de Convivencia Universitaria, que dota a los rectores de un arsenal de medidas represivas que ya se están empleando contra el movimiento estudiantil.

Para conquistar una universidad 100% pública y de calidad ¡la lucha es el único camino!

Ya estamos comenzando a observar las movilizaciones convocadas como respuesta a los ataques de Ayuso en Madrid, que son un presagio de lo que podría suceder en otros puntos del Estado. Sabemos perfectamente que para detener las privatizaciones y los recortes en las universidad públicas necesitamos un plan de lucha unificado de todos los sectores de la comunidad universitaria. Ya hemos comprobado a qué conducen las recetas de negociaciones y acuerdos impulsadas por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. No necesitamos nuevos acuerdos que vuelvan a ser papel mojado, necesitamos organizar la lucha en las 9 universidades públicas de Andalucía, uniendo a todos los sectores de la comunidad educativa en una huelga general de las universidades públicas. Es así como conquistamos la universidad pública y es así como podemos defenderla.

Necesitamos construir desde abajo una alternativa de combate, de clase y democrática.  Es necesaria la colaboración de toda la izquierda y sindicatos combativos para movilizar al conjunto de la comunidad universitaria (alumnos, profesores, personal administrativo, trabajadores subcontratados, etc.) en defensa de la educación pública  y de calidad. En esa tarea estamos los compañeros y las compañeras del Sindicato de Estudiantes.

¡Únete para luchar por una universidad 100% pública y de calidad!