Un año más, el calor extremo azota las aulas andaluzas. A causa de la crisis climática, los veranos empiezan antes y con temperaturas cada vez más altas. Sin ir más lejos, el pasado 20 de abril la AEMET alertó que en el sur de la península tendríamos temperaturas entre 5º y 10ºC por encima de la media en estas fechas.
Todo esto no sería un problema en la educación pública si los centros estuviesen dotados de los medios y recursos necesarios para poder mitigar este calor asfixiante en verano, pero también el frío en invierno. La planificación de la Junta, gobernada por el Partido Popular, ha sido seguir recortando en los recursos para los centros públicos, al igual que ha hecho en otros servicios, como la sanidad.
Así mismo, tampoco se ha invertido ni un céntimo para cumplir la Ley de Bioclimatización que conseguimos gracias a la lucha del movimiento Escuelas de Calor. Un verano más, la Junta de Andalucía va a incumplir la legislación laboral que obliga a mantener los centros de trabajo entre 17 y 27°C.
Las “medidas de la Junta” son una broma de mal gusto
Ante las críticas, la Junta ha hecho una serie de recomendaciones para “combatir” el calor en las aulas. Se trata de un plan de formación para el profesorado y la publicación de un protocolo para mitigar los efectos de la ola de calor. La Consejería pretende enseñarnos cómo actuar ante un golpe de calor, cuando es precisamente el abandono de los centros públicos lo que provoca estas situaciones, que serán cotidianas en las aulas andaluzas a partir de estas semanas.
La otra medida que ha tomado la Consejería es permitir que los y las estudiantes podamos abandonar los centros a partir de las 12h los días de alerta naranja o roja. Esta medida, completamente cosmética, ignora por completo las necesidades de los y las estudiantes, así como la conciliación laboral y familiar en nuestros hogares.
Una vez más la Junta prefiere evadir su responsabilidad y mandarnos a casa. Aún cuando en nuestro hogares tampoco podemos permitirnos unas condiciones de climatización dignas. Las prioridades de este gobierno derechista son claras: recortar servicios públicos, regalar millones de euros a las empresas de la educación y la sanidad, y gobernar en favor de los ricos y los terratenientes, como hemos visto respecto a la nueva Ley de Regadíos de Doñana.
La lucha es el camino
Estudiantes, familias, profesores y PAS llevamos años exigiendo un plan de choque para climatizar todas las aulas andaluzas y hacerlas habitables tanto en verano como en invierno. Fruto de nuestra lucha, en 2018 arrancamos la Ley de Bioclimatización al Gobierno de Susana Díaz. Cinco años después, la Ley solo se ha aplicado en algunos centros, dejando la mayoría de institutos y colegios en la estacada.
La gestión de la consejera de Educación, Patricia del Pozo no sólo ha sido chapucera, sino también criminal. Después de un invierno que congeló nuestras aulas, tuvimos el escándalo del impago de las becas, y ahora esto. Debemos organizarnos para exigir su dimisión inmediata.
Este no es más que otro episodio dentro de las políticas de desprecio y desmantelamiento de la Junta del PP hacia los servicios públicos. Conquistamos la Ley de Bioclimatización gracias a la lucha, y solo gracias a la lucha lograremos que se ponga en práctica y echaremos al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
¡La educación pública se defiende LUCHANDO!
