A continuación reproducimos la entrevista realizada por Elena Omedes para 20minutos a Teresa Prados, presidenta del Comité de madres contra la violencia sexual en Badalona y compañera de Libres y Combativas e Izquierda Revolucionaria.

"Si no nos hubiéramos movilizado, si no hubiéramos denunciado, estaríamos todavía batallando para que la ayudaran".

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"Mi hija paralizó su vida después de que la violaran", cuenta a 20minutos Teresa Prados, madre de una de las diez menores víctimas de agresiones sexuales en el centro comercial Màgic de Badalona en el último año. Es también la fundadora y portavoz del Comité de Madres contra la Violencia Sexual, creado desde el denominador común de la tragedia y por la impotencia de sentirse abandonadas por las instituciones. Su historia es la de muchas otras madres de niñas y adolescentes violadas que, pese a no ser ellas las víctimas directas, sí son las que se dejan la piel por conseguir la máxima justicia y reducir, en la medida de lo posible, un daño que será perenne.

Pero es también la historia de un barrio al que, según Prados, las autoridades han dado la espalda, de cómo el deterioro y colapso de los servicios sociales impiden llegar a todas las familias vulnerables, y, en última instancia, de la importancia de tejer redes de apoyo en torno a las víctimas. Del "yo sí te creo" y de hacer ruido para cambiar las cosas en un contexto en el que año a año aumenta el número de violaciones cometidas por menores de edad: un 58% más de 2020 a 2021, según los últimos datos disponibles. 

"Veíamos cómo se intentaba silenciar todo y blanquear la imagen del centro comercial. Tras ver el abandono institucional, la falta de ayuda psicológica, el maltrato de los Mossos y que el ayuntamiento nos daba la espalda, surgió la idea de dar voz a las víctimas que tienen miedos y sienten que prefieren callarlo", relata Prados. Víctimas como su hija de 16 años, que fue violada en agosto de 2022 por un grupo de menores en los lavabos del Màgic, un lugar que ya ha sido escenario de una decena de agresiones grupales en investigación por parte de adolescentes de entre 11 y 17 años.

Una "cueva de impunidad" para agresores

Tras ver impotentes cómo las violaciones no cesaban ni se tomaban medidas al respecto, Prados y otras madres decidieron unirse y manifestarse en frente del centro comercial el pasado marzo. "Queríamos señalar a los culpables de que eso pase, porque sucede en otras ciudades, y aquí se pone el foco porque lo hemos hecho público", señala. La base, añade, es el "abandono de los barrios", y la falta de inversión en educación, sanidad y recursos sociales. "Faltan lugares públicos donde nuestros hijos puedan disfrutar de un ocio sano, pasar la tarde. Al final van al centro comercial porque no les queda otra y estamos viendo cómo la degradación de nuestros barrios acaba provocando estas situaciones".

Además, denuncia la presidenta del Comité de Madres contra la Violencia Sexual, el Màgic se ha convertido en una "cueva de impunidad de los agresores", ante lo cual no se está haciendo nada. "La directiva no ha salido ni a pedir perdón, y la empresa de seguridad tampoco. Las víctimas fueron a pedir ayuda al personal seguridad y les dijeron que se fueran de ahí, que molestaban. Luego te pita el bolso en una tienda y te sale seguridad de todos lados", señala Prados. 

Lo que tendría que hacerse más allá de concienciar a los profesionales de todos los ámbitos con la violencia de género, es, según Prados, reforzar la distribución de Puntos Violeta. Lugares situados en establecimientos que sirven como puerta de acceso para que las víctimas puedan acudir y contar lo ocurrido. 

Los Mossos investigan al menos diez violaciones grupales a menores en el centro comercial Màgic de Badalona.

Faltan psicólogos

De nada sirve, sin embargo, si luego no son atendidas con la ayuda que necesitan. La atención psicológica, por ejemplo, que es uno de los escollos a los que se enfrentaron Teresa Prados y su hija al denunciar el caso. "Ella paralizó su vida, dejó de ir a clase en octubre, y no tuvo la primera visita con la psicóloga hasta principios de marzo", cuenta. Siete meses sin atención psicológica; cuatro desde que lo contó. Porque la joven no se atrevió a compartir lo que le había sucedido hasta noviembre de 2022. "Tardó tres meses en decírmelo porque se sentía culpable, pensaba que era ella la que lo había provocado", explica. 

El problema, subraya, no es que no haya buenas psicólogas especializadas en violencia de género. El problema es que no hay suficientes en el sistema público de salud, porque "falta inversión". "No puede ser que a una persona que ha sufrido una violación la vean media hora cada mes y medio. Necesita un seguimiento semanal o, a lo máximo, bisemanal. Pero para ello hay que invertir y contratar", incide. 

Creer a las víctimas

Tampoco ayuda el cuestionamiento constante del que son objeto una vez dan el paso de denunciar a sus agresores. "Mi hija salió llorando de una de las últimas identificaciones porque no la creían. Sabemos también que a la víctima de 11 años que también fue violada en el Màgic la cuestionaron porque se confundió con el uniforme del guardia de seguridad y le preguntaron qué hacía sola en un centro comercial con esa edad, cuando esa no debería ser la pregunta", sostiene Prados. 

Esto no hace más que poner pierdas en un proceso ya de por sí doloroso. En el caso de la hija de Prados lo fue, incluso viviendo en un entorno "combativo" y "feminista" en el que se habla de todo. Pero hay otros casos conocidos por Prados en el que la madre llegó a culpar a su hija. Por eso, asegura, es tan importante el Comité. Para animar a denunciar a las que deciden callar. "El otro día se me acercó una mujer a darnos las gracias por darles voz. 'Yo fui víctima hace 20 años y me callé', nos dijo". 

De hecho, a raíz de todas las movilizaciones Prados consiguió atención psicológica para su hija. "Ahora está remontando y retomando su vida. Ya tiene ganas de volver a estudiar, a hacer una vida normal. Pero se necesita un acompañamiento psicológico. La lucha ha ayudado mucho, pero tiene que ir acompañada de ayuda profesional que es la principal herramienta para superar esto. Si no nos hubiéramos movilizado, si no hubiéramos denunciado, estaríamos todavía batallando para que la ayudaran", afirma. 

Educación sexual y límites a la pornografía

Se trata, en definitiva, de "hacer red". De fortalecer un apoyo que quizás no perciben en las instituciones o en su entorno más cercano. Pero también de unir fuerzas para denunciar otros asuntos intrínsecos a estas situaciones, como la educación sexual. "Falta urgentemente una asignatura de educación sexual en Primaria y Secundaria en la que acompañen y enseñen cómo deben ser las relaciones, el consentimiento, la diversidad... y al final el respeto", asevera. 

Para reclamar igualmente más políticas sociales en los hogares más desfavorecidos. "Para los agresores también. Tienen que ser castigados porque han cometido una atrocidad, pero son menores, y no somos nadie para ponerle el rótulo de violador a un chaval de 11 años. Hay que ver qué condiciones tienen, en qué ambiente viven, si habrán sufrido abusos... y para eso hay que invertir en centros sociales donde puedan ir cuando salgan de clase y detectar posibles conductas". 

La pornografía es otro de los asuntos en los que hay que poner el foco. En España. Los menores acuden cada vez más pronto a este tipo de contenidos sin tener una base que les permita identificar lo que es real de lo que no lo es, y luego muchos lo replican en su día a día. Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la edad media de acceso a la pornografía se sitúa en los 8 años. Y el 33% de los menores de edad lo hace para aprender sobre sexo según un estudio de la Red Jóvenes e Inclusión Social y la Universitat de Illes Balears.

Los datos revelan también un aumento de agresiones sexuales cometidas por menores de edad. La Fiscalía alertó en su memoria de 2021 de un "progresivo e importante incremento de los delitos sexuales perpetrados por menores de edad": un 58% más que en 2020 y un 35,7% más que en 2019. En total, se registraron en 2021 2.625 procedimientos por delitos contra la libertad sexual (668 agresiones sexuales y 1.957 abusos). Crecen también las manadas. El Ministerio del Interior advirtió en su informe que los delitos sexuales cometidos por dos o más personas han crecido un 54% en cinco años.