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Ikasle Sindikatua llamamos a la juventud de la CAV a votar a EH Bildu en estas elecciones, y pelear por un Gobierno de la izquierda que sirva para acabar con las políticas derechistas y los recortes sociales.

La actuación del Gobierno Vasco y el PNV al calor de la pandemia del Covid19 y el estallido de la crisis económica, vuelve a poner de manifiesto que la derecha vasca solo representa a los capitalistas y la patronal. Erigidos en portavoces de los grandes empresarios, los jeltzales han dejado claro que para ellos nuestra salud, nuestra educación y nuestros derechos no valen absolutamente nada. Su ardiente defensa de la vuelta a la actividad económica y de la reanudación de las clases no ha tenido otro objetivo que garantizar los beneficios millonarios de la élite a la que pertenecen.

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“Es una contradicción completa que este Gobierno se declare feminista y multe a quienes peleamos cada día por los derechos de las mujeres”

Libres y Combativas es una de las organizaciones feministas con más presencia entre la juventud del Estado español. Fue la primera organización que llamó a parar las clases contra la violencia machista ya en 2017 con motivo del 8 de marzo. Desde entonces no solo han paralizado institutos y universidades los 8 de marzo sino que también han llenado las calles contra la sentencia de la Manada, exigiendo una asignatura de educación sexual inclusiva y en libertad, o apoyando las reivindicaciones del colectivo LGTBI. 

Entrevistamos a su portavoz estatal, Ana García, tras ser sancionada con una multa de 700 euros por llevar megafonía en la histórica manifestación del 8M en 2019. Libres y Combativas acaba de lanzar una campaña de protesta para exigir la retirada de esta sanción y pide solidaridad. La respuesta del movimiento ha sido formidable: en una semana ya han recibido más de 650 firmas de apoyo.

Firma la resolución de denuncia

A la atención de Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior 

A la atención de José Manuel Franco, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid

A la atención de Irene Montero, Ministra de Igualdad

Las y los abajo firmantes queremos manifestar nuestra consternación tras conocer la multa de 700€ impuesta a la portavoz de la organización feminista Libres y Combativas, Ana García, por parte del ministerio del Interior. La causa de la multa es haber llevado megafonía a la manifestación feminista del 8 de marzo de 2019 en Madrid.

La llegada de la pandemia del Covid-19 ha mostrado con mayor crudeza la situación dramática en la que se encuentra la educación pública en Andalucía, igual que en el resto del Estado, fruto de las políticas de recortes y privatización que hemos sufrido durante la última década, y que han sido aplicadas por los gobiernos centrales del PP así como por la Junta, tanto por parte del PP como del PSOE. El despido masivo de profesorado, el hacinamiento en las aulas, la falta de infraestructuras y de material o el cierre de líneas y centros públicos, mientras se amplían en la privada-concertada, ha sido la tónica general en la escuela pública. Este desmantelamiento es lo que ha preparado las condiciones para que esta crisis provoque una situación de emergencia el próximo curso si no se revierten todos estos ataques y se pone en marcha un plan urgente de rescate a la educación pública.

El pasado domingo 7 de junio decenas de miles de personas llenamos las calles en numerosas ciudades del Estado español, en una muestra de fuerza y solidaridad internacionalista con el movimiento Black Lives Matter que sacude Estados Unidos, y que se está extendiendo por todo el mundo, desatando las manifestaciones antirracistas más grandes en años, clamando contra la violencia policial racista y el fascismo.

¡Hay fuerza para levantar una nueva Marea Blanca!

El enorme impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en el Estado español ha sido la consecuencia directa del desmantelamiento de la sanidad pública, fruto de años de recortes y privatizaciones llevados a cabo por los Gobiernos del Partido Popular –que ningún otro Gobierno ha revertido–, y que dejaron aquí el gasto sanitario por habitante más bajo de la Unión Europea: 1.617 euros frente a los 2.660€ de media en la UE.

Más de 6.000 docentes, de 36 centros públicos de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Madrid, están llamados a la huelga desde el 16 hasta el 30 de junio convocados por CCOO. La convocatoria se aprobó tras una consulta telemática realizada a la totalidad del personal, en la que la huelga contó con más del 80% de aprobación, reflejando la voluntad de lucha de nuestros profesores.

Por una sanidad y unas residencias 100% públicas

Durante esta pandemia hemos podido comprobar en nuestras propias carnes las consecuencias de décadas de políticas de privatización y recortes por parte del PP en la Comunidad de Madrid. Fruto de las mismas, la pandemia ha producido una auténtica matanza, habiendo fallecido más del 10% de los usuarios en las residencias de mayores. Ahora además hemos conocido una serie de mails que demuestra que el Gobierno de Ayuso abandonó a miles de mayores a su suerte condenándoles a una muerte segura, negándose a trasladarles a un hospital de cara a poder ser tratados contra el COVID-19. Eso sí, aquellos que tenían seguros privados no tuvieron problemas, siendo atendidos el 100% de los mismos. De nuevo queda claro que la enfermedad si entiende de clases, si entiende de ricos y pobres.