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En este segundo capítulo de Socialismo o barbarie, Coral Latorre y Ana García reflexionan sobre la respuesta masiva de la juventud en las calles por el asesinato de Samu, sobre la importancia de la educación sexual en los centros de estudio, la impunidad de los fascistas y cómo combatirlos.

El pasado 5 de octubre salía a la luz el informe final sobre pederastia a cargo de la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (CIASE) en Francia. Durante los últimos meses, los integrantes de la comisión calculaban que la cifra de víctimas de abusos sexuales podía llegar a los 10.000, pero la investigación ha fulminado esta estimación. Desde 1950, ha habido al menos 216.000 menores de edad víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica francesa, cifra que asciende a los 330.000 incluyendo los casos de pederastia cometidos por laicos de todo tipo, desde catequistas hasta maestros en centros católicos. Tan escalofriante es la magnitud de los crímenes de la Iglesia católica como la impunidad de la que gozan para seguir cometiéndolos.

Los PTIS (Personal Técnico de Integración Social) son un engranaje esencial para garantizar una educación pública inclusiva y de calidad, pues son los profesionales que asisten en el aula a las y los estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, dentro de la atención a la diversidad, los PTIS siguen sin ser trabajadores públicos, sino que su figura está externalizada. Es decir, trabajan en las aulas específicas o apoyando a los y las docentes, pero la Junta en lugar de contratarles directamente – con las condiciones laborales que ello supone -, contrata a empresas privadas a las que adjudica una serie de colegios divididos en lotes, lo que supone unas condiciones laborales pésimas y que la precariedad sea la norma. 

La experiencia en la escuela pública en Andalucía durante la pandemia, así como en el resto del Estado, ha sido una auténtica catástrofe. La dejadez del Ministerio de Educación, conjugada con la política privatizadora y elitista de la Junta, nos han colocado en un escenario nunca visto. La precariedad en la enseñanza se ha agudizado más si cabe en este periodo.

Una posición marxista ante un debate crucial para la juventud

“Por supuesto, son empresarios, emprendedores. La gente que lleva el tráfico de drogas no son distintos del resto, excepto en que tienen más iniciativa empresarial y menos preocupación por dañar a otros. En ese sentido, son más irresponsables. Pero tienen un negocio y tratan de obtener tanto como pueden.” [1]

Que Milton Friedman, gurú del neoliberalismo y de la ofensiva antiobrera encabezada por Reagan y Thatcher, abordara con tanta franqueza el papel de los narcotraficantes ofrece una visión clara de los enormes intereses económicos que están en juego en el debate sobre la legalización de la marihuana y el cannabis.

Coral Latorre · Secretaria general Sindicato de Estudiantes

Criminales, violentos, incultos y delincuentes. Son algunos de los adjetivos que se han pregonado desde los medios de comunicación contra la gente joven durante estas últimas semanas. Acompañados de titulares como “botellones multitudinarios con numerosos incidentes”, “del botellón al botellazo” o “el botellón como problema generacional”, estamos asistiendo a una nueva orgía propagandística vomitiva que persigue un claro objetivo político: ocultar el descontento, el sufrimiento y la rabia que la juventud sentimos ante la falta de cualquier perspectiva de futuro digno, con la intención de desprestigiarnos.

El debate sobre la legalización de la marihuana ha vuelto a cobrar fuerza tras las iniciativas parlamentarias de Unidas Podemos y Más Madrid. En un momento en que el desempleo, la precariedad y los problemas derivados de la salud mental golpean duramente a la juventud, y cuando se nos criminaliza todos los días a costa del llamado botellón, parece que desde la izquierda gubernamental la salida es legalizar la marihuana.