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Desde el inicio del curso 2020-2021 en septiembre, tanto el Ministerio de Educación como las distintas Consejerías de Educación se han negado en poner en marcha medidas contundentes para frenar la ola de contagios por la Covid-19 en nuestros centros de estudio. Su solución para volver a la presencialidad sin poner en marcha el plan de rescate a la educación pública que necesitamos - con una contratación masiva del profesorado y la bajada urgente de las ratios - ha sido obligar a “abrir las ventanas” para que las aulas estuvieran ventiladas.

El pasado 17 de diciembre conocíamos que el Tribunal Constitucional dictaba una sentencia que abría la puerta a que los alumnos que estudian en universidades privadas reciban becas públicas en igualdad de condiciones que los de la pública. En concreto, ha amparado a la Universidad Católica de Valencia contra una normativa de la Generalitat valenciana que establecía un régimen diferenciado sobre becas universitarias en centros privados y públicos, a excepción de aquellas titulaciones que no fueran ofertadas en la universidad pública.

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• Dejar de regalar miles de millones a la concertada
• Fuera la religión de la escuela pública
• Asegurar una enseñanza digna para los jóvenes de familias trabajadoras

La LOMLOE ha sido finalmente aprobada en el parlamento el jueves 19 de noviembre con la oposición estruendosa de la derecha. Puestos en pie, los diputados del PP, de Vox y de Ciudadanos montaron una escandalera al grito de ¡Libertad y libertad! La misma derecha que apoyó la ley Wert, la vuelta a las reválidas franquistas y arrasó la enseñanza pública con recortes sangrantes mientras incrementaban obscenamente las subvenciones multimillonarias a la privada y concertada, ahora pone el grito en el cielo.

Los jóvenes de familias trabajadoras somos uno de los sectores más golpeados por la crisis económica y social que sufrimos. La ofensiva de la patronal por acabar con el empleo digno y de calidad nos toca de lleno a través de los cierres, despidos y ERTE, como hemos comprobado con la Covid-19. Antes de la pandemia, entre los menores de 25 años, los contratos temporales suponían más del 75% frente al pírrico 2% de contratos de más de dos años. Los salarios de los menores de 29 años son los más bajos en la UE, con una media inferior a 11.500 euros anuales netos.

El pasado 13 de octubre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicaba la suspensión de las clases presenciales durante 15 días en la Universidad de Granada, tal como había anunciado el día anterior el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, tras un repunte de contagios, localizados en algunas residencias universitarias y colegios mayores. Una decisión impuesta por el Gobierno del trifachito que fue aceptada y acatada por el rectorado de la UGR pese a que este cierre supone dejar a  miles de estudiantes sin clases mientras bares, restaurantes, comercios… siguen funcionando con total normalidad, llegando incluso al absurdo de ver a profesores reservando mesas en restaurantes para poder dar allí sus clases.

¡No a la privatización de la educación!

Desde la llegada del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de VOX, a la Junta de Andalucía, estos han dejado muy claro cuál es su plan educativo: continuar con el desmantelamiento de la educación pública y avanzar todo lo posible en la privatización.

Como hemos explicado en muchas ocasiones, este empeño en destruir la educación pública no es casualidad, es una cuestión fundamental para la derecha, y más en este contexto de crisis económica salvaje y que se va a recrudecer en los próximos años. Necesitan privar a los hijos e hijas de la clase trabajadora de una educación y formación de calidad, negarnos cualquier posibilidad de futuro digno y condenarnos así a la explotación más salvaje en el terreno laboral. Y además, con la destrucción de la enseñanza pública, pueden seguir favoreciendo el negocio de la educación concertada y privada.

¡Basta ya de alentar la privatización de la universidad pública!

¡Por un plan público de inversión para garantizar una formación de calidad y segura!

El Ministro de Universidades ha estado desaparecido durante meses de la escena educativa. Manuel Castells se ha negado en rotundidad a aplicar un plan de rescate a la universidad pública y mantiene unas tasas universitarias totalmente desorbitadas que expulsan a los hijos e hijas de las familias trabajadoras de la universidad –especialmente en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos–. Por si esto fuera poco, en una entrevista en Carne Cruda, Castells apuntaba a la “necesidad” de que las universidades públicas “busquen financiación a través de la empresa privada”.

“Los centros escolares no son un lugar de contagio”, afirmaba el jueves 25 sin sonrojarse el ministro de Sanidad Salvador Illa en la rueda de prensa que celebró con la ministra de Educación Isabel Celaá. Y seguía: “Desde el punto de vista sanitario el inicio del curso escolar está siendo correcto”. Por su parte, Celaá añadía: “En absoluto coincidimos con que la situación sea caótica, todo lo contrario, las 17 CCAA la han tipificado como muy satisfactoria”.

Este viernes, 18 de septiembre, coincidiendo con la tercera jornada de huelga estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes a nivel estatal, la comunidad educativa de Andalucía hemos protagonizado una jornada de huelga que ha vuelto a levantar el espíritu de la Marea Verde. Los estudiantes, junto con las familias y el profesorado, convocado por CGT, USTEA, CCOO, CNT y Docentes por la Pública, hemos recorrido las calles de todas las provincias andaluzas para exigir una vuelta presencial, segura y de calidad en la educación pública.


¡Plan de rescate a la enseñanza pública YA!

Apenas unos días después de iniciarse este curso escolar caótico –sin medios suficientes, sin los profesores necesarios y sin poder mantener las medidas de seguridad sanitaria por las elevadas ratios en nuestras aulas–, los datos de contagios, incidencias y cierres de los centros de estudio son la mejor fotografía del desastre mayúsculo que está provocando la inacción de Isabel Celaá y las distintas consejerías de Educación.