¡Basta de represión franquista! ¡Fuera el 155!
¡Huelga general en Catalunya ya!

En los últimos días hemos asistido a un durísimo ataque contra los derechos democráticos y las libertades del pueblo de Catalunya. Los encarcelamientos de dirigentes de movimientos sociales y de diputados por el único delito de defender ideas independentistas, el exilio forzoso, la criminalización de profesores, estudiantes y activistas por oponerse a la represión, todo ello sumado a los gravísimos ataques a la libertad de expresión en el conjunto del Estado, y que ha supuesto el procesamiento y la entrada en la cárcel de tuiteros, raperos, la censura de libros y obras de arte… muestran de una forma cada vez más clara el carácter franquista, autoritario y antidemocrático del gobierno del Partido Popular.

Catalunya vive un estado de excepción franquista

Rajoy y su partido de corruptos y ladrones, secundado por Ciudadanos y por la dirección del PSOE, han decidido no respetar los resultados electorales del 21D y suspender en la práctica la democracia en Catalunya.

Tras la huelga convocada el 9 de febrero, el profesorado interino de Andalucía ha vuelto a convocar huelga desde el 12 al 23 de marzo para exigir estabilidad laboral y el fin de las condiciones de precariedad

En los últimos años la educación pública andaluza ha sufrido duros recortes y ataques, no sólo por parte del gobierno central del PP, sino también por parte de la Junta de Andalucía que, lejos de defender la escuela pública, acepta y aplica las mismas políticas que degradan nuestro sistema educativo cada vez más.

Dentro de los recortes generalizados que han sufrido los sectores públicos, y el conjunto de la clase trabajadora, desde que comenzó la crisis, los interinos son uno de los colectivos que más ha sufrido los ataques. A pesar de que realizan el mismo trabajo que un profesor fijo sus condiciones laborales son muy diferentes, cobran menos y tienen contratos temporales que les someten a una gran inestabilidad, se ven trasladados de centro y ciudad cada curso, mes o semana, lo que les imposibilita ningún tipo de conciliación familiar. Además, son ellos precisamente los que han sufrido el despido masivo de más de 5000 profesores en los últimos años en la comunidad andaluza.

¡Basta de ataques a la educación pública!

El pasado 19 de marzo, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid aprobó un nuevo decreto para las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) que supone un ataque para las condiciones de trabajo y estudio de los profesores y estudiantes, a los que el Gobierno del PP no ha querido escuchar. En estos últimos años las EOI han sufrido con crudeza los recortes del Partido Popular, que desde 2011 ha aumentado un 126% las tasas y nos ha robado un 20% de nuestros profesores. Como consecuencia de este “tasazo”, se han perdido 14.000 alumnos en estos últimos siete años.

La presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, conocida entre otras muchas cosas por sus recortes a las universidades públicas madrileñas presume de tener dos máster, uno de ellos  "en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos" que recientemente hemos conocido que se sacó de forma fraudulenta mientras ocupaba una posición pública primero como Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y actualmente Presidenta de dicha comunidad.

Una de las asignaturas, así como el trabajo de fin de máster pasaron misteriosamente de constar como “no presentado” en 2012 a “notable” en 2014. Esto, además de un auténtico insulto para las decenas de miles de estudiantes madrileños que hemos tenido que soportar que esta señora hablase de méritos para obtener becas, es un delito penado con hasta 6 años de cárcel por falsedad documental.

¡Estamos con vosotros! ¡Boicot a Amazon!

Desde el Sindicato de Estudiantes queremos manifestar toda nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Amazon que el 21 y 22 de marzo irán a la huelga en defensa de sus condiciones de trabajo. Se trata de la primera huelga que sufre Amazon en el Estado Español y la más importante que afrontará en Europa, en una empresa caracterizada, como ocurre en EE.UU. o Gran Bretaña, por tratar de impedir en todo momento cualquier forma de organización sindical y por carecer de cualquier tipo escrúpulo a la hora de explotar a sus trabajadores hasta límites insospechados.

Tras 17 meses de negociaciones con los sindicatos, la empresa, a pesar de obtener ingentes beneficios, se niega a dar a los trabajadores lo que por derecho les corresponde. Quieren acabar con el Convenio propio del centro de San Fernando, rebajando salarios y precarizando las condiciones laborales, y rechazan cualquier tipo de mejora, a pesar del crecimiento permanente de sus negocios tanto aquí como internacionalmente. El cambio del Convenio supondría un retroceso en las condiciones salariales de los trabajadores de la plantilla, abaratando sus puestos de trabajo y creando hasta una triple escala salarial, aumentando la jornada, reduciendo la protección laboral frente a las bajas, abaratando la hora extraordinaria, y un largo etcétera de retrocesos… ¡No tienen límites en su ansia por obtener beneficios!

Desde mediados de septiembre del año pasado, hemos visto cómo la ofensiva del Partido Popular contra la movilización social y la libertad de expresión no ha parado de aumentar. Hemos presenciado escenas de represión policial salvaje en Catalunya, Murcia o, e recientemente en el barrio de Lavapiés (Madrid). El mundo entero se ha escandalizado con la entrada a prisión de raperos y twitteros, líderes sociales como los Jordis o el político independentista Oriol Junqueras.

Tal es así, que diferentes organizaciones, instituciones  e incluso medios de la prensa burguesa le han sacado los colores al Gobierno en cuestión de libertad de expresión y respeto a los Derechos Humanos. El periódico neoliberal The Economist1 ha tildado al Estado español como una “democracia defectuosa”, de la misma manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado recientemente al país por trato inhumano a presos vascos o imponer pena de cárcel por quemar fotos de Juan Carlos de Borbón, entre otras varias.

Que sólo se enseñe la “lengua del Reino”

¡No a las redadas racistas! ¡Basta ya de brutalidad policial!

¡Ningún ser humano es ilegal!

Este jueves 15 de marzo las calles del madrileño barrio de Lavapiés fueron testigo de la injusta muerte de nuestro compañero mantero Mame Mbaye Ndiaye de 35 años de edad.  Mame murió de un paro cardíaco, tras una brutal persecución racista a manos de la policía. Tras esto, movidos por la indignación, decenas de personas se han concentrado en la calle donde ha fallecido Mmame, gritando consignas antirracistas y señalando a los culpables de la muerte. La policía ha respondido cargando brutalmente y disparando pelotas de goma contra manifestantes que repulsaban las acciones criminales de la policía y se concentraban  alrededor del cuerpo de Mame Mbaye; como resultado un desmayo, varios heridos y detenidos. Esto no es casualidad, las redadas racistas son el día a día de nuestros compañeros junto a otras formas de represión policial. La represión no ha sido cosa de este jueves, sino que viene de hace ya mucho tiempo, de todo un entramado de racismo institucional que está siendo permitido  por el Ayuntamiento de Madrid con Ahora Madrid a la cabeza. 

Ikasle Sindikatua

El Gobierno vasco lleva ocho años aplicando los mismos recortes a la educación pública que el Gobierno español. Se ha reducido la plantilla de profesores, se han bajado los sueldos, se han dejado de cubrir sustituciones y se ha aumentado el número de alumnos por aula. A pesar de todos los discursos contra la LOMCE, la Consejería Vasca de Educación que controla el PNV está aplicando a través de Heziberri esa ley franquista mientras que con las llamadas al diálogo y a la negociación a los sindicatos solo busca mantener tranquilos y sin movilizarse a estudiantes y profesores para así poder seguir aplicando sus recortes.

En definitiva, la educación pública de la CAV sufre los mismos ataques que en el resto del Estado. Con la diferencia, además, de que la red de centros concertados de la CAV - los centros religiosos pagados con dinero público- es la más alta del Estado. Es decir, mientras se hacen recortes a la educación pública se está destinando cada vez más dinero a pagar la educación concertada controlada por la Iglesia. Esta es la prueba de que sí hay dinero. Las instituciones vascas controladas por el PNV presumen de que la economía crece y que los ingresos fiscales aumentan, pero luego se utiliza ese margen para bajar el Impuesto de Sociedades a los empresarios en lugar de dar marcha atrás a los recortes en la educación pública.

10 de mayo: Todas y todos a la huelga estudiantil

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