Ministro de Educación

El Ministerio de Educación ha pedido a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas que recluten a parados para apoyar la tramitación y gestión de las becas al inicio del curso. Para ello, recurre a la fórmula de la “colaboración social”, incluida en la normativa laboral, que permite que las administraciones soliciten los servicios de los parados para realizar este tipo de tareas que solo repercuten en un complemento económico que se suma a la prestación del paro, pero que no supone ningún tipo de relación laboral. Con esto, el Partido Popular consigue que estas personas desaparezcan de las estadísticas de paro a pesar de no tener contrato ni remuneración por el trabajo que realizan y tampoco opción a no aceptar estas lamentables condiciones porque en caso de no aceptarlas se arriesgaría a perder su prestación por desempleo.

 El Partido Popular sigue empeñado en continuar atacando los derechos laborales de los trabajadores y utiliza esta fórmula legal completamente abusiva para aprovecharse de las condiciones de precariedad que sufren los parados y así conseguir mano de obra barata. Tan evidente es la violación de los derechos laborales y el abuso que hasta el Tribunal Supremo tuvo que limitar el uso de esta fórmula hace tres años, prohibiendo a las administraciones utilizar a parados en régimen de colaboración social para cubrir tareas habituales o permanentes. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, el Ministerio de Educación ha vuelto a recurrir a esta fórmula, demostrando lo poco que les importa las condiciones en las que trabaja el personal que gestiona estos trámites ni tampoco las necesidades del sistema educativo público.

Por supuesto, no es la primera vez que el Ministerio acude a este instrumento para reforzar la gestión de becas: lo ha hecho, al menos, desde 2012. Ellos mismos reconocen que llevan "muchos años" utilizando la figura de la colaboración social para "apoyar" las tareas de las unidades que tramitan las becas, ya que a veces sus recursos humanos resultan "insuficientes". Es una broma de mal gusto que argumenten que llevan a cabo esta práctica fruto de la falta de recursos humanos, cuando en sus primeros cuatro años de gobierno, el Partido Popular eliminó 140.000 puestos de trabajo de la administración pública.

Sus recortes salvajes han condenado a millones de jóvenes y trabajadores al paro y a la miseria y ahora los utilizan como mano de obra barata para paliar los efectos de la catástrofe que ellos mismos han creado en el sector público. Y mientras más de un millón y medio de parados ni siquiera reciben ningún tipo de prestación, obligan a millones de personas a ser esclavos de sus escasas ayudas y a aceptar unas condiciones lamentables e injustas para poder sobrevivir. Se trata de una muestra más de lo que supone el sistema que defiende el Partido Popular en el que se pisotea sin límites la dignidad de millones de personas, condenándolas a la más absoluta miseria y a las más deplorables condiciones, mientras una minoría sigue engordando sus beneficios.