 Las organizaciones estudiantiles de izquierda, los sindicatos de clase
y las asociaciones de padres tenemos que responder en defensa de la enseñanza
pública, laica y gratuita
El pasado 27 de enero el gobierno
del PSOE, a través de su ministro de Educación, presentó oficialmente el “Pacto
por la educación”. Dos días más tarde, en el Consejo de Ministros, el ejecutivo
del PSOE aprobaba un paquete de contrarreformas sociales con la intención de
aumentar la edad de jubilación a los 67 años y endurecer el acceso a las
pensiones. Al mismo tiempo, el gobierno ha anunciado un recorte drástico del
gasto público en torno a los 50.000 millones de euros y una nueva reforma
laboral. Todo ello conforma un brusco giro a la derecha de la política del
PSOE, cediendo vergonzosamente a las presiones de la CEOE, el PP y la jerarquía
de la Iglesia Católica. Es en este giro a la derecha donde tenemos que enmarcar
el Pacto educativo, que no es otra cosa que un ataque frontal contra la escuela
pública, que continúa el proceso iniciado con el famoso Plan Bolonia para
privatizar la Universidad.
La situación de la educación pública
La realidad de la enseñanza
pública tiene muy poco que ver con el discurso oficial. El curso 2009/10
comenzaba con más de 3.000 barracones haciendo las veces de aulas: 1.208 en el
País Valenciano, 1.046 en Catalunya y 800 en Andalucía. Son más de 75.000 los
estudiantes afectados que tienen que recibir clase en espacios de chapa y
plástico. Aunque “se supone” que son concebidas para tener una existencia
corta, 3 ó 4 meses, esas estancias se acaban prolongando indefinidamente.
Además, la falta de plazas
públicas crece cada año. Este curso, sólo entre Barcelona y Madrid, hubo más de
22.000 no admitidos en Formación Profesional (FP). La falta de profesores es
otro de los problemas más acuciantes: tan sólo en la provincia de Málaga, en el
mes de octubre, casi 15.000 alumnos se veían afectados por la ausencia de unos
1.200 docentes.
Esta situación no surge de un día
para otro, es fruto de un abandono consciente de la educación pública por parte
de los gobiernos autonómicos del PP, pero también de las comunidades gobernadas
por el PSOE y del propio gobierno central. La falta de inversión necesaria para
solucionar sus problemas y apostar por una mejora significativa ha agudizado el
problema año tras año.
Mientras los presupuestos
destinados para la educación pública han sufrido un descenso prolongado durante
los últimos 16 años (del 4,9% del PIB en 1993 al 4,5% en
2009), la educación privada-concertada ha ido apropiándose, cada vez más, de
una gran parte de los recursos correspondientes a la pública: de 1.615,6 millones
de euros en 1992 , los conciertos han pasado
a 4.726,4 en 2006, un incremento del 292%,
es decir, se han esquilmado sistemáticamente los fondos públicos a favor de los
empresarios de la educación privada-concertada, que en un 89% corresponden a la
Iglesia Católica.
Las propuestas de la derecha
La derecha ya ha dejado claro cuáles
son sus recetas para “mejorar” la educación. Para este curso el gobierno de
Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, ha recortado el presupuesto para la
educación pública en todos sus tramos en un 3,3%, mientras el dedicado a la
privada-concertada ha aumentado un 6%.
Ante un fracaso escolar del 30%,
el más alto de la UE, el PP exigió, antes de hacerse pública la propuesta del
pacto educativo por el gobierno, la supresión de un año en la Enseñanza Secundario Obligatoria (ESO) y
ampliar uno más el bachillerato; de esta manera tratan de incitar a los
estudiantes con más dificultades a abandonar el sistema educativo y obtener una
mejor cualificación académica, asegurando más mano de obra barata para la
explotación.
Por otra parte, para el PP los verdaderos problemas de la
educación son la “indisciplina y la violencia en las aulas”, y su solución es
entregar poderes policiales al profesorado. Los que hacemos vida en los centros
de estudio sabemos perfectamente que la imagen que tratan de trasladar de la
juventud nada tiene que ver con la realidad. Tanto es así que incluso el
defensor el pueblo reconoce que los episodios de violencia se han reducido desde
1999 hasta situarse en un 3,9%.
El pacto educativo
Lamentablemente, en su propuesta de pacto, el PSOE no sólo hace un
guiño a estos planteamientos, sino que además recoge diferentes aspectos del
ideario político del Partido Popular.
Así nos encontramos con que el
PSOE recupera para 4º de ESO parte de los itinerarios que la derecha impulsó en
su “Ley de Calidad” de 2002 —contra la que la comunidad educativa salió a la
calle y el PSOE se vio obligado a echar atrás—, convirtiéndolo en un curso en
el que dividir al alumnado en dos ramas. Esta
selección se gestará en 3º de la ESO, con un examen que servirá para “elegir la
modalidad del cuarto curso hacia […] estudios de bachillerato o hacia estudios
de formación profesional”. A los
14 años se decidirá quién sirve para estudiar bachillerato y posteriormente una
FP de grado superior o la universidad, y quién debe ser encaminado a una FP de
grado medio, claramente devaluada.
Además
el PSOE le hace el juego a la derecha en su campaña de criminalización de la
juventud
favoreciendo la represión del movimiento estudiantil bajo la fórmula de la
necesidad de reforzar la autoridad del profesor y de los equipos directivos, “para
que puedan adoptar de forma inmediata las medidas necesarias ante los casos de
violencia o indisciplina que se produzcan.” Ya ha quedado claro que la
violencia en las aulas se reduce a casos sumamente puntuales. Esta medida, en
la práctica, se utilizará para que cualquier estudiante que promueva una
asamblea, una protesta o participe en una huelga por la mejora de las
condiciones de estudio, sea sancionado con “las medidas punitivas que sean
necesarias”.
Un
aspecto central del documento es la clara intención de continuar favoreciendo
la extensión de la escuela concertada en detrimento de la financiación a la pública,
de la que no se habla explícitamente en ninguna de las 28 páginas ni en las 104
propuestas planteadas por el gobierno. Además, haciéndose eco de la demanda del
Partido Popular, el gobierno del PSOE subscribe la necesidad de “Favorecer la
libertad de elección [de centros] de las familias”,
para asegurar que la enseñanza privada concertada seguirá recibiendo un chorro
de miles de millones de euros, así podrá seguir haciendo cantera: si la desde educación
infantil una familia matricula a sus hijos en la privada concertada (en muchos
casos por la falta de oferta pública existente) con el tiempo cada vez será
mayor el porcentaje de enseñanza concertada en los siguientes tramos educativos
(primaria, secundaria,…), algo que ya está ocurriendo.
La
propuesta de Pacto Educativo finaliza planteando una financiación que nos
equipare con Europa en 2015, aunque nuevamente sin decir cuánto dinero se
dedicaría a la pública y cuánto a la privada-concertada, cuestión que ya se
resolverá entre bambalinas y acuerdos secretos.
¿Por qué este pacto?
Los últimos tres años han estado determinados por la
crisis económica más grave que afecta al sistema capitalista en las últimas
ocho décadas. En cuestión de meses hemos visto como miles de empresas cerraban
y como millones de puestos de trabajo se destruían. Ante esta situación el PSOE
ha mantenido reiteradamente un discurso demagógico, haciendo hincapié “en la defensa
de los más desprotegidos”, pero en los hechos ha puesto todos los recursos del
Estado para rescatar a los bancos y las cuentas millonarias de los grandes
empresarios.
Todas las medidas en favor de los grandes capitalistas han
sido estériles a la hora de revertir la profunda crisis que afecta al Estado
español. Sin embargo la deuda pública generada por los 200 mil millones de euros
entregados a la banca se han convertido en un lastre insoportable.
Es por eso que el PSOE ha tomado una decisión claramente
contraria a los intereses de los trabajadores y jóvenes que le votaron en las
pasadas elecciones. Ha optado por salir de la crisis haciendo pagar los platos
rotos a los sectores más desfavorecidos. Visto desde una panorámica general, es
evidente que el pacto educativo responde a este giro a la derecha del gobierno:
ninguna inversión para solucionar los problemas que realmente afectan a
millones de familias trabajadoras, expulsión del sistema educativo del mayor
número de estudiantes y potenciación de la escuela privada-concertada. Es decir
privatización de la enseñanza, que se transforma en un negocio lucrativo para
los empresarios del sector.
El PSOE adopta todas estas medidas pensando que así
logrará recuperarse de la crisis económica. En realidad, lo único que logrará
con estas medidas es sembrar desconfianza y frustración entre la clase obrera y
la juventud, preparando las condiciones para el triunfo de la derecha.
El PSOE traiciona su
propio programa
Históricamente la izquierda
siempre ha defendido la idea de que una educación pública de calidad sirve para
luchar contra las desigualdades sociales y promover el progreso de los sectores
económicamente más desfavorecidos. Sin embargo, lo que está haciendo el PSOE en
los últimos años es precisamente trabajar en la dirección opuesta.
En primer lugar, aprobando los
conocidos Planes de Bolonia que han elitizado la educación universitaria,
introduciendo una barrera económica insalvable para millones de jóvenes provenientes
de familias trabajadoras a través de los máster y el encarecimiento de los
estudios universitarios (este año el precio de las matrículas se ha
incrementado un 23%). Por otra parte, la política de becas se está sustituyendo
por préstamos bancarios, siguiendo el modelo preponderante en sistemas
educativos como el norteamericano, con el consabido negocio para la banca.
También sobre la FP hay prevista
una reforma que supondrá un claro retroceso en su dignificación, favoreciendo
la “formación” académica directamente en las empresas privadas, fomentando
convenios de colaboración con entidades privadas que puedan hacer uso de las
instalaciones y materiales públicos sin coste alguno y desincentivando en la
práctica la FP reglada, dando a entender que con tres años de experiencia
laboral se podrá optar a una titulación oficial. Y en lo referente a las comunidades autonómicas con gobiernos del PSOE, la
política no se diferencia en nada de la derecha. Es más de lo mismo, si no
peor, como se pone de relieve en Catalunya con la LEC como
máximo exponente del fomento de la escuela privada-concertada (con la entrega
adicional cada año de 316 millones de euros hasta 2016).
Es necesario levantar un frente de
izquierdas en defensa de la educación pública
El pacto educativo es más de lo mismo. Una capitulación
absoluta ante las presiones de la derecha. Ante esta realidad es más necesario
que nunca responder de una manera firme y contundente a todos estos ataques. El
pacto educativo puede ser en sí mismo el más grave de todos ellos, ya que
supone un retroceso histórico para la educación secundaria.
Desde el Sindicato de Estudiantes
hacemos un llamamiento a los sindicatos de profesores, a las organizaciones
estudiantiles de izquierdas y especialmente a Izquierda Unida, para desarrollar
una campaña de movilizaciones en defensa de la educación pública, que debe
comenzar con una amplia explicación en los centros de estudio de lo que
realmente supone este mal llamado “Pacto por la educación”. Una campaña que
debe ser vinculada a la lucha contra el resto de las contrarreformas que el gobierno
del PSOE ha aprobado y que son un ataque directo a las condiciones de vida de
la clase obrera y la juventud. Sólo así obligaremos al gobierno del PSOE a
retirar este pacto regresivo y reaccionario.
Del II Informe sobre “Violencia
Escolar: El maltrato entre iguales en la Educación Secundaria
Obligatoria, 1999-2006”.
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